Gremios advierten que solicitudes de información sensible por parte de la SIC excederían sus competencias y podrían vulnerar la reserva comercial y la libre empresa.
Los principales gremios empresariales del país advirtieron que una serie de requerimientos de información formulados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a empresas de distintos sectores podría abrir la puerta a controles de precios, al solicitar datos sensibles sobre costos, márgenes de ganancia y políticas comerciales, en un alcance que -según Andi y el Consejo Gremial- excede las competencias legales del ente de control y pone en riesgo la seguridad jurídica.
En un comunicado, la Andi recordó que, si bien la SIC cuenta con facultades para solicitar información a personas naturales y jurídicas, estas deben ejercerse “en los precisos términos que la ley establece”.
A su juicio, pedir detalles sobre la estructura de costos, márgenes de ganancia o políticas comerciales —cuando no son pertinentes ni conducentes para una actuación concreta— excede las competencias del ente de control y puede vulnerar derechos constitucionales como la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales.
El gremio enfatizó que no existe una norma que habilite a la SIC para inspeccionar, por sí misma, aspectos como los márgenes de utilidad o el uso de tecnologías en las empresas. Aunque la protección del consumidor es un pilar del orden jurídico, advirtió que su ejercicio debe ser proporcional y respetar el debido proceso administrativo. En línea con el artículo 6 de la Constitución, subrayó que los servidores públicos solo pueden ejercer funciones expresamente atribuidas por la ley.
Por su parte, el Consejo Gremial manifestó su rechazo a solicitudes generalizadas para revelar parámetros de fijación de precios, márgenes y políticas de descuentos, al considerar que se trata de información amparada por la reserva comercial.
Recordó que la Constitución (artículo 333) protege la libertad económica y la libre competencia, y que la vigilancia e investigación deben darse dentro de procesos y competencias claramente definidos.
“Perseguir prácticas anticompetitivas es clave, pero no bajo esquemas que presuman ilegalidad”, señaló el organismo, al advertir impactos sobre la seguridad jurídica, la estabilidad de los mercados y la confianza inversionista.