La suspensión recae sobre el decreto 0044 de 2026, que imponía un aporte del 2,5% y una carga transitoria para financiar empresas intervenidas, mientras se evalúan sus efectos jurídicos y económicos de fondo.
La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto 0044 de 2026, con el que el Gobierno impuso dos contribuciones simultáneas a las empresas generadoras de energía eléctrica: un aporte parafiscal permanente del 2,5% sobre los ingresos de generación y una obligación transitoria para financiar el déficit de comercializadoras intervenidas por el Estado.
Las medidas fueron adoptadas al amparo de la emergencia económica y quedarán en pausa hasta que exista un fallo de fondo.
La decisión fue adoptada a partir de una ponencia presentada por la magistrada Paola Meneses, recientemente posesionada como presidenta de la Corte, y detiene los efectos del decreto desde el 29 de enero de 2026. El esquema diseñado por el Gobierno contemplaba dos momentos de entrada en vigencia: el primero, a partir del 2 de febrero, y el segundo, en los primeros días de mayo.
El pronunciamiento se produjo tras una demanda interpuesta por Isagen y el Consejo Gremial, que alegaron que el decreto vulneraba principios constitucionales al trasladar a las empresas de generación la responsabilidad de financiar compañías intervenidas por el Estado -como Air-e- sin una relación directa con los hechos que motivaron la declaratoria de emergencia económica.
Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen y del Consejo, señaló que la suspensión provisional reafirma el Estado de Derecho y subraya que incluso en escenarios excepcionales las decisiones económicas deben ceñirse a los límites constitucionales.
“Las medidas que afectan sectores estratégicos como el energético deben adoptarse con rigor técnico, jurídico y constitucional”, advirtió.
Insistió en que la seguridad jurídica es una condición indispensable para sostener la inversión, la confiabilidad del sistema y la protección de los usuarios. En las últimas tres décadas, el sector eléctrico ha invertido más de $140 billones, y requiere desembolsos anuales de entre $10 y $13 billones para garantizar el suministro futuro.
La decisión de la Corte se produce en un contexto de presión creciente sobre el sistema eléctrico. De acuerdo con cifras del operador XM, el país ya enfrenta una escasez de energía firme de -1,6% en 2025, que podría profundizarse hasta -3,5% en 2027, aumentando la sensibilidad del sector frente a cambios abruptos en las reglas de juego.