Empresarios y analistas advierten que el nuevo tributo afectaría la generación de empleo y la confianza inversionista. También cuestionan la cifra de $8 billones y reclaman mayor transparencia en los cálculos oficiales.
La propuesta del Gobierno de crear un impuesto al patrimonio para las empresas generó una inmediata reacción del sector privado y de analistas.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, calificó el anuncio como un “impuesto a la inversión” y sostuvo que gravar el patrimonio empresarial equivale a castigar la decisión de las compañías de mantener recursos en el país para desarrollar proyectos productivos.
“Esto no es otra cosa que el impuesto a la inversión”, señaló, al advertir que la medida se suma a las cargas introducidas por la reforma tributaria de 2022 impulsada por el entonces ministro José Antonio Ocampo, así como a decisiones en materia energética, laboral y regulatoria. A su juicio, “atacar a las empresas es atacar el empleo y la capacidad de generar oportunidades”.
Desde el centro de estudios Anif, su presidente, José Ignacio López, cuestionó la oportunidad de la medida en medio de la emergencia por la ola invernal. “¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad e inversión si la primera idea es cobrar un impuesto al patrimonio a las empresas?”, planteó. Agregó que este tipo de gravamen “no existe en casi ningún lugar del mundo” y advirtió que políticas de esa naturaleza podrían debilitar la capacidad económica del país ante futuras contingencias.
Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo pidió mayor transparencia frente a la cifra de $8 billones que el Gobierno ha mencionado como necesaria para atender la emergencia. En su cuenta de X cuestionó el origen del cálculo y afirmó que la suma “parece desproporcionada” y debería ser sometida a una auditoría académica externa.