Antonio Sanguino aseguró que el decreto del salario mínimo sigue vigente y es de obligatorio cumplimiento, mientras el Consejo de Estado no expida una norma transitoria. Empresarios y sindicatos reaccionan en orillas opuestas.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió que el decreto mediante el que se fijó el salario mínimo “se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento” mientras no se expida la norma transitoria solicitada por el Consejo de Estado.
En ese sentido, pidió a los empresarios pagar la primera quincena de febrero con el ajuste correspondiente y sostuvo que los derechos laborales son progresivos y no admiten retrocesos.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la suspensión del decreto del salario mínimo, que su presidente, Fabio Arias, calificó como “un acto de injusticia social, de mezquindad empresarial”.
“Desde la CUT le pedimos al presidente Petro que en un acto de movilización nacional expida un nuevo decreto en las mismas condiciones en que ha sido suspendido por el Consejo de Estado”, expresó Arias.
Sin embargo, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) respaldó la suspensión y señaló que el incremento del 23,7 % “no responde a la realidad económica del país”.
“La ilegalidad del decreto era evidente”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien afirmó que un aumento desmedido del salario mínimo puede poner en riesgo la generación y estabilidad de empleo formal y trasladarse a mayores precios de bienes y servicios.
El salario mínimo para 2026 fue establecido el pasado 30 de diciembre en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, en lo que el presidente Gustavo Petro calificó como un paso hacia el “salario vital”, ajuste que, según el Gobierno, beneficia a 2,3 millones de trabajadores, el 10 % de los asalariados del país.
Con información de EFE