El anuncio de nuevas inversiones forzosas desató críticas de exministros y gremios por su posible impacto en tasas y liquidez. El tema será discutido hoy a las 3 p.m. con las principales entidades financieras.
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre imponer inversiones forzosas al sistema financiero reabrió un debate que Colombia creía superado. Un grupo de exministros de Hacienda –Alberto Carrasquilla, Antonio José Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas– publicó el pasado 18 de febrero una carta pública en la que expresó su “más profunda preocupación” por la medida.
“Lo hacemos desde la experiencia, no desde una postura partidista”, señalaron. En su diagnóstico, las inversiones forzosas no son el mecanismo adecuado para expandir el crédito ni para atender una emergencia. Sostienen que este tipo de esquemas encarece las tasas, reduce la disponibilidad de recursos y termina afectando a quienes más necesitan financiamiento.
La crítica apunta a que obligar a los bancos a destinar parte de sus pasivos a inversiones específicas distorsiona la asignación de capital y debilita la intermediación. Recuerdan que la experiencia internacional muestra que la mayoría de economías que adoptaron estos instrumentos los desmontaron tras constatar efectos adversos. Incluso advierten que, en el siglo XXI, solo Bolivia y Venezuela crearon nuevas inversiones forzosas.
Para los exministros, existen alternativas más eficaces y menos costosas: garantías del Gobierno, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento. “La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos”, concluyen.
Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, defiende la decisión. Afirma que las llamadas inversiones obligatorias en el sector agropecuario no constituyen una expropiación de ahorros, sino una obligación regulatoria vigente desde hace 36 años. Los establecimientos de crédito deben invertir un porcentaje de sus pasivos en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), creados por la Ley 16 de 1990.
El tema será discutido esta tarde a las 3 pm en una reunión a la que concurrirán las cabezas de las principales entidades del sistema.
Según Ávila, el mecanismo -definido por el Banco de la República y canalizado a través de Finagro- corrige fallas de mercado en un sector con riesgos climáticos y de precios que históricamente han limitado el crédito privado. Afirma que este engranaje sostiene el 28,6% del PIB agropecuario y ha permitido que millones de pequeños productores accedan a financiamiento.
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