El Gobierno fijó una tarifa de 1,6% al impuesto al patrimonio para entidades financieras y compañías de minería, petróleo y gas, mientras que el resto de empresas pagará 0,5%. El tributo se cancelará en dos cuotas entre abril y mayo para atender la emergencia.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, reveló los detalles de la nueva emergencia económica que será expedida mediante decretos presidenciales y que tendrá como eje un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas.

A diferencia de la primera emergencia -que gravó a personas naturales- esta vez el tributo recaerá sobre empresas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, umbral que hoy equivale a $10.474 millones. Para estas compañías, la tarifa general será de 0,5%.

Ávila explicó durante un Consejo de Ministros en Cartagena que existe un antecedente en 2009, durante el fenómeno de La Niña, cuando se estableció un impuesto con tarifas de 2,4% y 4,8% para empresas con patrimonios elevados. 

“Lo que estamos adoptando hoy es significativamente menor frente a lo que se aplicó en ese momento”, afirmó.

Sin embargo, tal como lo había anticipado el presidente Gustavo Petro, los sectores financiero y minero-energético tendrán una tarifa diferencial de 1,6% sobre su patrimonio líquido. El Gobierno argumenta que estas actividades han tenido mayores niveles de rentabilidad y pueden aportar más recursos en el contexto de la emergencia.

El ministro subrayó que la urgencia fiscal obliga a acelerar el recaudo. Por ello, el impuesto deberá declararse y pagarse en dos cuotas: el 50% el primero de abril y el 50% restante el cuatro de mayo.

Según el funcionario, el 56% de los recursos que se recauden provendrán de los sectores con la sobretasa más alta (1,6%).

Más recursos y celeridad en la atención de la crisis

En su intervención, Petro explicó que la atención y reconstrucción por la emergencia invernal se financiarán con tres fuentes: recursos disponibles en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), traslados del Presupuesto General de la Nación y nuevos ingresos provenientes de mayores tributos a los sectores de más alta capacidad económica.

Precisó que, en la fase inicial, se priorizarán los recursos existentes en la UNGRD y ajustes presupuestales, mientras que los ingresos adicionales provendrán de gravámenes a actividades que calificó como “rentísticas”. El mandatario pidió rigor jurídico en la expedición de los decretos de emergencia para evitar que sean tumbados por vicios de trámite.

De cara a la etapa de reconstrucción, señaló que esta deberá ir más allá de la atención inmediata e incluir transformaciones estructurales, como la reforma agraria y medidas para recuperar el flujo natural del agua en las zonas afectadas.

Petro reclamó mayor claridad sobre las competencias institucionales en la atención de la emergencia y pidió a sus ministros evitar dilaciones administrativas. Advirtió que la falta de coordinación puede agravar la crisis, no solo por las inundaciones, sino por el riesgo posterior de enfermedades.

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