La medida incluye arroz, fríjol, plátano y azúcar, y se suma a la suspensión de venta de energía y a acciones jurídicas ante la Comunidad Andina.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto que impone un arancel del 30% a más de 23 líneas de productos provenientes de Ecuador, en reciprocidad a la decisión del gobierno de Daniel Noboa de aplicar una “tasa de seguridad” del mismo porcentaje a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero.

Entre los bienes gravados por Colombia se encuentran arroz, fríjol, cacao en polvo, plátanos, azúcar de caña y pescado, entre otros productos agroindustriales. 

La decisión escala una disputa que comenzó cuando Noboa argumentó una supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.

El viceministro de Comercio Exterior, Tito Yepes, señaló en Blu Radio que el decreto fue revisado para “blindar jurídicamente al Estado” y confirmó que Colombia ya interpuso dos demandas ante la Comunidad Andina. “Ecuador se inventó esa tasa de seguridad y eso es un arancel prohibido dentro de lo acordado”, afirmó, al advertir que los procesos serán largos.

El Gobierno colombiano anunció también la suspensión de la venta de energía eléctrica hacia Ecuador. Por su parte, Quito elevó de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus principales ductos de exportación.

A comienzos de febrero, una reunión entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; y de Colombia, Rosa Villavicencio, finalizó sin una solución a la guerra de aranceles.

De acuerdo con la Cancillería ecuatoriana, en el encuentro, el primero desde el inicio de este conflicto arancelario, se abordaron aspectos en seguridad, control fronterizo y energía, y “se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral”, que deberán ser solventados en futuras reuniones.

Según la Cancillería colombiana, el Gobierno de Gustavo Petro solicitó la suspensión de la resolución arancelaria, una petición que el Ejecutivo ecuatoriano indicó que evaluará cuando exista un acuerdo sobre los demás asuntos tratados en la reunión.

Por ello, y “ante esta situación, el Gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos”, añadió.