‘Hay mucho apetito por Colombia’, dice concesionario de la vía El Estanquillo–Popayán 

Cuando la firma internacional ERG decidió mirar hacia Colombia hace cuatro años, lo hizo desde Londres, con la convicción de que el país seguía siendo un mercado atractivo para la inversión en infraestructura. 

Esa apuesta acaba de materializarse con la adjudicación de la APP El Estanquillo–Popayán, un proyecto de $8,8 billones que transformará la conectividad del Cauca.

Detrás de esa estrategia está Juan Jiménez, director para Latinoamérica del grupo, un financiero formado en banca de inversión y operaciones corporativas, que vive entre la capital británica y Bogotá. Su tarea fue abrir el camino para que la empresa -de origen británico-turco- entrara en la región.

“Cuando uno sale de Colombia, se da cuenta de que el país imprime mucha confianza”, dice Jiménez. A su juicio, más allá de los vaivenes políticos, las instituciones, el respeto por las reglas legales y el marco contractual siguen siendo factores que atraen capital internacional.

Ese entorno ha facilitado el interés de la banca global en el proyecto, cuya inversión total se estima entre US$1.800 millones y US$2.000 millones. Según el ejecutivo, la financiación combinará recursos propios del concesionario y créditos de bancos internacionales y locales.

El contrato exige que el concesionario inyecte capital desde las primeras semanas. “Escasamente 30 días después de la firma tenemos que aportar cerca de US$25 millones, y progresivamente podemos llegar hasta unos US$500 millones de equity”, explica.

El resto se financiará con deuda, en buena parte de banca internacional, atraída por la estructura del proyecto. En este caso, los ingresos del concesionario provendrán de vigencias futuras garantizadas por el Estado, y cerca del 50% de esos pagos estarán denominados en dólares, lo que reduce el riesgo cambiario.

Para Jiménez, el modelo -que prácticamente no depende de peajes- resulta incluso más predecible para los inversionistas. “Los ingresos están completamente garantizados. No dependemos del flujo de tráfico vehicular”, señala.

Pero la ingeniería financiera es solo una parte del desafío. El proyecto atraviesa una de las regiones más complejas del país en materia de seguridad y conflicto armado.

Por ello, el concesionario deberá construir relaciones con las comunidades locales desde el inicio. “La clave es escuchar. No llegar a decir qué vamos a hacer, sino entender qué necesitan las comunidades”, afirma.

Entre las principales obras se incluyen 62,3 kilómetros de doble calzada, la construcción de 14 túneles que suman cerca de 17,9 kilómetros, 115 puentes vehiculares nuevos, 12 puentes peatonales y nuevas intersecciones para mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de viaje entre el sur del país y el interior. Antes de que comiencen las obras, habrá 24 meses de preconstrucción, dedicados a estudios, licencias ambientales, cierre financiero y organización de contratistas. A partir de allí, 4,5 años de construcción en sí.

ERG llega a esta obra tras varios intentos en el país, participando en licitaciones como el aeropuerto de Cartagena o el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná, y en el rediseño del proyecto del estadio El Campín.

“De los procesos exitosos y de los que no lo fueron también se aprende”, dice Jiménez. “Este es nuestro primer gran proyecto vial en Colombia y, de alguna manera, la mejor forma de empezar: con la obra más grande adjudicada por este gobierno”.

La firma del contrato está prevista en los próximos 10 días y dará paso a una fase de preconstrucción de cerca de 24 meses, en la que se realizarán estudios de ingeniería de detalle, licencias y el cierre financiero del proyecto. Durante el proceso licitatorio, Pérez-Llorca y Gómez-Pinzón asesoraron legalmente a ERG en la estructuración y presentación de la propuesta ante la ANI.

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