El déficit fiscal llegó al 6,4% del PIB en 2025 sin que mediara una crisis económica externa, advierte el equipo de investigaciones económicas de la entidad. El próximo gobierno deberá ejecutar el mayor ajuste presupuestal de las últimas décadas.

Colombia atraviesa la situación fiscal más compleja de los últimos treinta años, impulsada no por una crisis económica externa sino por decisiones de gasto interno que han superado con creces la capacidad del Estado para financiarlas, advirtió el lunes el equipo de investigaciones económicas Corficolombiana en su informe semanal.

El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, que es la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda, llegó al 6,4% del producto interno bruto (PIB) en 2025, mientras que el llamado déficit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, alcanzó el 3,5% del PIB.

Ambos niveles solo tienen precedentes en episodios extraordinarios como la recesión de finales de los años noventa o la pandemia de covid-19.

“La diferencia es que hoy el país no enfrenta un choque macroeconómico que genere la crisis”, señaló el informe. El deterioro, explicó, responde en gran medida a una expansión sostenida del gasto público que la economía colombiana no ha podido financiar con sus ingresos tributarios.

Entre 2022 y 2025, el gasto primario del gobierno, lo que el Estado destina a funcionamiento e inversión, sin contar el pago de deuda, aumentó 2,7 puntos porcentuales del PIB. Los ingresos, en cambio, prácticamente no variaron. El resultado es que el déficit primario se amplió 2,6 puntos en solo tres años.

En 2025, el gasto total del gobierno se ubicó en el 22,1% del PIB, uno de los niveles más altos en dos décadas, mientras los ingresos se mantuvieron en 16,3% del PIB. Una brecha de casi seis puntos que el Estado tuvo que cubrir emitiendo más deuda.

La incertidumbre se agrava porque el gobierno no ha publicado el Plan Financiero 2026, documento que normalmente aparece entre diciembre y febrero y que detalla cómo el Estado planea financiar su presupuesto durante el año. A la segunda semana de marzo, ese documento sigue sin publicarse.

Simultáneamente, la regla fiscal, el mecanismo legal que obliga al gobierno a mantener el déficit dentro de ciertos límites, se encuentra suspendida. Según Corficolombiana, esto significa que la única restricción real al gasto público es la disponibilidad de efectivo en caja.

A eso se suma que el gobierno debe refinanciar este año cerca de 63 billones de pesos en deuda interna de corto plazo, lo que eleva el riesgo de que no encuentre suficientes compradores para sus títulos a tasas sostenibles.

Los mercados financieros ya están reaccionando. Las tasas de los Títulos de Tesorería (TES), que son los bonos con los que el gobierno colombiano se financia internamente, han subido con fuerza en lo que va de 2026. Algunos tramos de la curva de rendimientos se acercan al 14%, niveles que no se veían desde 2022.

En la semana pasada ocurrió además un hecho inédito, que fue que la curva de rendimientos de los TES se invirtió por primera vez en la historia, cerrando en -13 puntos básicos.

En términos simples, esto significa que los inversionistas exigen hoy más rentabilidad por prestarle dinero al gobierno colombiano a corto plazo que a largo plazo, señal de que desconfían de la situación fiscal en el horizonte inmediato.

Corficolombiana estimó que para 2026 el déficit fiscal se ampliará aún más, hasta el 6,8% del PIB, y el déficit primario llegará al 3,7% del PIB. Bajo ese escenario, el gobierno deberá recurrir nuevamente a los mercados de deuda en condiciones cada vez menos favorables.

El próximo gobierno, que asumirá en agosto de 2026, heredará una tarea mayúscula: la firma calcula que Colombia necesita un ajuste fiscal de entre 3 y 4 puntos del PIB para volver a cumplir la regla fiscal en 2028. Se trataría del mayor esfuerzo de consolidación fiscal en la historia reciente del país, con implicaciones tanto en el recorte del gasto como en la generación de nuevos ingresos.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha estimado que el ajuste necesario para estabilizar la deuda pública podría llegar incluso a 4,5 puntos del PIB.