Los gremios señalaron que el decreto representa una afrenta a la democracia participativa y al principio de que no puede haber impuestos sin representación, al imponer nuevas cargas tributarias por decreto.
La expedición del Decreto 0240 de 2026, con nuevas medidas tributarias para financiar la emergencia económica declarada por la ola invernal, provocó fuertes críticas de la ANDI y la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), que cuestionaron tanto el contenido de las medidas como el mecanismo utilizado por el Gobierno.
El decreto incluye, entre otras disposiciones, la ampliación de los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio para sociedades, un impuesto del 16% al consumo en los juegos de azar operados por internet y medidas para facilitar el pago de obligaciones tributarias en mora.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, afirmó que el Gobierno está recurriendo a decretos de emergencia para aumentar la carga tributaria pese a que iniciativas similares ya habían sido rechazadas en el Congreso o suspendidas por la justicia.
“El Gobierno nacional no oculta su desespero por recaudar más recursos en época electoral. Emitió un nuevo decreto de emergencia con medidas tributarias que reproducen sustancialmente algunas que ya habían sido decretadas en la emergencia económica de diciembre de 2025”, señaló el dirigente gremial.
Mac Master sostuvo que el decreto “supone una afrenta a la democracia participativa y al principio de que no puede haber impuestos sin representación”, y advirtió que las medidas pueden afectar la inversión productiva, la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.
La ANDI también pidió a la Corte Constitucional estudiar la solicitud de suspensión provisional de los decretos 173 y 240 de 2026, al considerar que la aplicación de estos tributos podría generar perjuicios económicos a los contribuyentes. Asimismo, hizo un llamado al Congreso para ejercer control político sobre la nueva declaratoria de emergencia.
En la misma línea, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, calificó el decreto como un “precedente peligroso” al considerar que revive medidas tributarias que no prosperaron por la vía legislativa.
“Convierte la excepcionalidad en atajo: revive y amplía cargas tributarias, y reintroduce por decreto medidas que el Congreso no avaló”, afirmó Lacouture.
La dirigente advirtió que este tipo de decisiones pueden incrementar la incertidumbre económica y afectar el dinamismo productivo. “En vez de ajustar el gasto público, el Gobierno vuelve a cargar al sector productivo, lo que termina sintiéndose en menos oportunidades y más incertidumbre para las familias”, concluyó.