El Comité Autónomo de la Regla Fiscal alerta que el déficit primario de 2025 fue el más alto en 30 años y que los recortes de gasto anunciados para 2026 no tienen mecanismos claros de ejecución.
El organismo independiente de vigilancia fiscal de Colombia advirtió este viernes que el plan del gobierno para reducir el gasto en 2026 carece de mecanismos claros de ejecución, y estimó que existe un faltante de $32,1 billones de pesos, equivalente al 1,6% del PIB, para que el ejecutivo cumpla con su propia meta de déficit.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) publicó una actualización de su pronunciamiento del 2 de marzo, después de que el gobierno presentara la revisión de su Plan Financiero el 11 de marzo.
“La situación fiscal es cada vez más preocupante”, alertó el ente.
Con esa frase el CARF resumió el cierre fiscal de 2025, año en el que el déficit primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos excluyendo el pago de intereses de la deuda, llegó al 3,5% del PIB, el nivel más alto en treinta años fuera de períodos de crisis. Para ponerlo en perspectiva, ese mismo indicador promedió apenas 0,5% del PIB entre 2000 y 2019.
El deterioro no fue sorpresa para el Comité. A lo largo de 2025 el CARF advirtió reiteradamente que el gobierno sobreestimaba sus ingresos y subestimaba el gasto. Al cierre del año, la realidad confirmó esos pronósticos: la DIAN recaudó $9,7 billones menos de lo previsto, mientras que el gasto primario superó en 15,5 billones lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). El Comité fue el que más se aproximó: su margen de error en el pronóstico de recaudo fue de apenas 0,4%.
El patrón tiene historia. En el MFMP de 2022, el gobierno estimaba que el balance primario de 2025 sería superavitario en 0,9% del PIB. Lo que ocurrió fue exactamente lo opuesto: un déficit de 3,5% del PIB, una diferencia de 4,4 puntos porcentuales.
El déficit total de 2025 quedó en 6,4% del PIB, aparentemente mejor que el 7,1% proyectado por el gobierno. Pero el CARF aclara que esa mejora es principalmente ilusoria. Se explicó casi en su totalidad por operaciones de manejo de deuda (canjes y recompras de bonos) que redujeron temporalmente el gasto en intereses en cerca de 1,8 puntos del PIB. Sin esas operaciones, el déficit total habría sido 8,2% del PIB.
El gobierno presentó el 11 de marzo su Plan Financiero actualizado, que establece una meta de déficit primario de 2,1% del PIB para 2026, una reducción significativa frente al 3,5% de 2025. El Comité reconoció que, de materializarse, ese resultado sería positivo. El problema es cómo llegar a él.
El gobierno propone lograr esa reducción mediante un decreto de aplazamiento del gasto y un control más estricto del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Pero a la fecha no ha anunciado el monto, la fecha ni la composición de esos recortes. Esa falta de detalle fue suficiente para que el Comité descartara el escenario oficial:
“El CARF considera que el escenario fiscal de 2026 planteado por el Gobierno es poco creíble, debido a que no son claros los mecanismos para garantizar la reducción del gasto propuesta”, recalcó el organismo.
El Comité agregó que los instrumentos anunciados por el gobierno “no aseguran la disminución del gasto primario” y podrían incluso incrementar la reserva presupuestal de 2026, trasladando presiones fiscales al año siguiente sin contribuir a un ajuste estructural. A juicio del CARF, el mecanismo efectivo para reducir el gasto es un recorte por decreto, expedido a tiempo para impedir la generación de nuevos compromisos.
En el escenario base del Comité, sin medidas de ajuste, el déficit primario de 2026 llegaría al 3,7% del PIB, superior al de 2025, el déficit total al 6,7% y la deuda neta subiría a 60,3% del PIB.
Los riesgos
Sobre ese escenario base se acumulan riesgos adicionales. Si la Corte Constitucional avala la reforma pensional y esta entra en vigor este año, el gasto primario podría crecer 0,2% del PIB más. Los efectos directos de la reforma laboral aprobada por el Congreso añadirían otros 0,2% del PIB. Y si las entidades públicas no absorben dentro de sus presupuestos el impacto del incremento del salario mínimo, el gasto subiría 0,3% del PIB adicional.
En ese escenario de riesgos múltiples, el déficit primario podría escalar a 4,2% del PIB y la deuda neta llegaría a 60,7% del PIB, el nivel histórico más alto del país, equivalente al del año de pandemia 2020. El único factor de alivio identificado: si el precio del petróleo promediara los US$79 por barril proyectados por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, frente a los US$59,2 que estima el gobierno, el balance primario mejoraría en 0,2% del PIB.
Los mercados financieros ya reflejan la tensión. Al 6 de marzo, la tasa de rendimiento promedio de los títulos de deuda pública era 175 puntos básicos más alta que a fines de marzo de 2025. Las tasas de colocación de bonos en pesos a prácticamente todos los plazos oscilan entre 13% y 14%, niveles históricamente elevados. En 2019, las tasas equivalentes estaban entre 4,6% y 7,7%.
La prima de riesgo país de Colombia, además, diverge del resto de la región: mientras los spreads de Brasil, México, Chile y Perú han seguido reduciéndose desde mediados de 2025, el de Colombia aumentó entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. El CARF atribuye esa divergencia a factores propios del país que afectan la confianza de los inversionistas.
El Comité también advirtió sobre señales de recalentamiento económico: la demanda interna creció 3,9% en 2025, la inflación cerró el año en 5,1%, el desempleo está en mínimos históricos y el déficit comercial se amplió gradualmente. En ese contexto, según el Comité, el impulso fiscal de 2025 “podría estar contribuyendo a la acumulación de desbalances macroeconómicos.”
El Comité fue explícito sobre las consecuencias de la inacción. Sin medidas estructurales para aumentar ingresos o reducir gastos de manera permanente, advirtió, “la deuda retomaría una tendencia creciente, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, el retorno a la Regla Fiscal y la estabilidad macroeconómica como un todo.”
El ajuste requerido para estabilizar la deuda neta en los niveles actuales se estima entre 3,5 y 4,5 puntos porcentuales del PIB frente a 2025. Sin medidas, la deuda podría acercarse al 70% del PIB en 2028, peligrosamente cerca del techo del 71% fijado por la Regla Fiscal colombiana.
La situación en el mediano plazo es igualmente difícil. Para retornar a la Regla Fiscal en 2027 y 2028, como se comprometió cuando activó la cláusula de escape, el gobierno necesitaría un ajuste fiscal de 1,8 puntos del PIB solo en 2027 y de 2,9 puntos en 2028. Si 2026 termina sin medidas permanentes, ese esfuerzo acumulado llegaría a 4,5 puntos del PIB en dos años, algo que el CARF calificó de “poco probable.”
“Reencauzar las finanzas públicas hacia una trayectoria sostenible en el corto y mediano plazo se hace cada vez más retador”, enfatizó el CARF. “Es imprescindible que el Gobierno y el Congreso de la República, con participación de la sociedad civil, acuerden con urgencia reformas con efectos permanentes para aumentar los ingresos y/o reducir los gastos”.