La reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte y la interconexión eléctrica dependen de una licencia de Estados Unidos, en medio de restricciones que hoy impiden importar gas venezolano.
El Gobierno colombiano avanza en la búsqueda de alternativas para asegurar el suministro de gas, con la mirada puesta en Venezuela, aunque el principal obstáculo sigue siendo regulatorio: la necesidad de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sostuvo reuniones con autoridades estadounidenses para destrabar ese permiso, requisito indispensable para que empresas como Ecopetrol y el Grupo ISA puedan reactivar proyectos binacionales. Sin esa autorización, hoy no es posible importar gas desde el vecino país debido a las sanciones vigentes .
El plan se concentra en dos frentes. El primero es la rehabilitación de la interconexión eléctrica por La Guajira, que permitiría retomar intercambios energéticos en la frontera. El segundo, y más relevante en el corto plazo, es la eventual importación de gas natural a través del gasoducto Antonio Ricaurte, infraestructura de más de 220 kilómetros que conecta el Lago de Maracaibo con el norte de Colombia y que permanece inactiva desde 2015 .
Según el Ministerio, ya se revisa el estado técnico del gasoducto y la calidad del gas disponible. En términos operativos, se plantean dos escenarios: uno estructural, que implicaría reconstruir un tramo de unos cinco kilómetros en territorio colombiano en un plazo de tres a cuatro meses, y otro más inmediato, mediante una conexión flexible que permitiría habilitar el flujo en uno o dos meses.
Sin embargo, el contexto es complejo. La infraestructura requiere inversiones adicionales y podría tardar más tiempo en condiciones normales , mientras que las discusiones binacionales siguen condicionadas por las sanciones y por decisiones de PDVSA sobre el futuro del contrato del gasoducto.