Del recaudo estimado de $6,3 billones, el 65% provendría de sectores con tarifa del 1,6%, como el financiero y extractivo.
El nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas, adoptado mediante decreto en el marco de la emergencia económica, podría profundizar la crisis de inversión que enfrenta Colombia, según un análisis de ANIF.
El centro de estudios advierte que el país atraviesa una caída “dramática” en la formación bruta de capital fijo: pasó de representar cerca del 24% del PIB en 2015 a apenas 16% en 2025, lo que evidencia un deterioro sostenido en la inversión productiva.
En ese contexto, la introducción de un gravamen sobre el patrimonio empresarial -con tarifa general de 0,5% y diferencial de 1,6% para sectores como el financiero y el extractivo- encarecería la acumulación de capital y podría desincentivar la expansión de las empresas.
ANIF estima que el recaudo potencial del impuesto ascendería a $6,3 billones. De ese total, $4,1 billones (65%) provendrían de los sectores sujetos a la tarifa más alta del 1,6%, mientras que los $2,2 billones restantes (35%) corresponderían a las actividades gravadas con la tarifa general del 0,5%.
El análisis también advierte que este tipo de impuestos es poco común a nivel internacional y que, en un entorno de competencia global por capital, podría afectar la percepción de Colombia como destino de inversión.
Según ANIF, gravar el nivel de activos productivos envía una señal negativa a inversionistas, especialmente en un momento de relocalización de capitales y búsqueda de mayores retornos.