En San Pablo, más de 200 familias pasaron de los cultivos ilícitos a la palma como alternativa productiva. Su experiencia refleja el potencial -y los límites- del agro colombiano cuando se articulan mercado, industria y territorio.
En San Pablo, al sur de Bolívar, producir siempre ha sido una decisión condicionada por la geografía y la violencia. En los años más duros del conflicto, el control territorial de guerrillas y grupos paramilitares empujó a muchos campesinos hacia economías ilegales.
Yoger Payares es uno de ellos. Tiene 11 hectáreas cultivadas y pertenece a PromoAgrosur, una asociación de productores que agrupa a más de 200 familias. Antes de la palma, trabajó en ganadería y en cultivos ilícitos. Su historia resume la transición productiva de una zona que busca estabilizarse a partir de una economía legal, aún enfrentada a problemas de infraestructura, costos y seguridad.
“La palma ha sido una bendición de Dios”, afirma.
Al comienzo, sacar la fruta era casi una expedición. “Nos gastábamos un promedio de tres días para sacar una fruta y llegar por lo mínimo al Socorro”, recuerda. El costo no era solo gasolina: era pagar tractores, cuadrillas, comida, refrigerios para los transportadores; era una logística que, en la práctica, hacía que la rentabilidad dependiera de la paciencia.
Y había otro problema: la extracción quedaba lejos, al otro lado de una frontera departamental. “Todo era en Puerto Wilches, en Santander”, dice. La distancia era un impuesto invisible.
Todo empezó a cambiar cuando llegaron los privados que nadie esperaba en un territorio marcado por el conflicto. Primero la Extractora Loma Fresca. Después, otra planta en la zona, Vizcaya. Con ellas, apareció algo que en regiones como San Pablo vale tanto como el precio internacional de cualquier commodity: un comprador cercano, un mercado posible, una alternativa legal que no dependía de la clandestinidad.
En 2018, 208 pequeños productores decidieron organizarse y ponerle nombre a ese cambio: Promotora Asociativa de Productores del Sur de Bolívar (PromoAgrosur). La apuesta era simple de enunciar y compleja de ejecutar: producir palma sostenible, mejorar prácticas y reconstruir comunidad donde durante años mandaron los fusiles.
Con apoyo del Fondo de Apoyo a Pequeños Productores de la RSPO y el acompañamiento técnico de aliados locales, el grupo comenzó por lo más difícil: ordenarse. Primero avanzaron en certificación nacional (APSColombia). Ahora buscan la RSPO para pequeños productores, el estándar global que abre puertas comerciales -pero que, en San Pablo, también ha funcionado como una herramienta de disciplina colectiva y de retorno a la legalidad.
El resultado es visible en el paisaje: donde antes hubo miedo y cultivos ilícitos, hoy hay palma manejada por pequeños productores, 90% de ellos independientes. Y en un municipio acostumbrado a que la economía llegara armada o clandestina, el aceite de palma se volvió motor, empleo y, para muchos, un motivo de orgullo.
Carlos Mario Murgas Lacouture, director de Gestión Social de Loma Fresca, explica que el primer impulso llegó a comienzos de los años 2000, con programas como el Plan Colombia y las estrategias de sustitución de cultivos -Plan Plante y Pa’lante- apoyadas por ONG estadounidenses.
La lógica era clara: canalizar recursos hacia proyectos productivos legales con un compromiso explícito de los pequeños productores para salir de la economía ilícita. En ese contexto, la palma aceitera apareció como una alternativa viable en una región donde el conflicto había cerrado casi todas las demás opciones.
Ese proceso explica la escala que hoy tiene la palmicultura en la zona. Actualmente, el sur de Bolívar suma cerca de 17.600 hectáreas sembradas, distribuidas principalmente entre San Pablo, Cantagallo y Cimití, con unas 1.000 hectáreas adicionales en el municipio de Arenal. De ese total, alrededor del 60% corresponde a cultivos con más de 15 años de antigüedad -establecidos en la etapa más intensa de sustitución-, mientras que el 40% restante son plantaciones más jóvenes.
En términos productivos, unas 15.000 hectáreas ya están en plena producción y poco más de 2.000 se encuentran en fase de desarrollo. La instalación de plantas extractoras en la zona, como la de Loma Fresca, permitió cerrar el ciclo productivo y reducir la dependencia de infraestructura ubicada en otros departamentos, un factor clave para consolidar la actividad en un territorio históricamente aislado.
El bajo crecimiento de las exportaciones colombianas en 2025 (1,3%) esconde una divergencia clara: mientras el agro creció con fuerza (33,2%), impulsado por café, palma y banano, las manufacturas avanzaron de forma moderada (4,8%) y el sector minero-energético cayó 17,9%. El resultado fue un año en el que el campo sostuvo las ventas externas en medio del retroceso de los sectores tradicionales.
Y aunque hacia adelante, el posible fenómeno de El Niño en 2026 introduce un riesgo para la producción, las exportaciones de aceite de palma viven un auge: en 2025 crecieron 82% en volumen y 102% en valor, según el Dane, si bien la mayor parte de la oferta se destina al mercado local.
El agro como motor
¿Puede el agro convertirse en el motor del crecimiento económico en un mundo que necesita alimentos? ¿Por qué aún no lo ha logrado?
Las cifras muestran un sector que avanza, pero de forma desigual. En 2025, el PIB agropecuario creció 3,1% (por encima del 2,6% de la economía), aunque se desaceleró al cierre del año. Gana peso, pero aún enfrenta rezagos estructurales que limitan su capacidad de liderar la economía.
De cara a 2026, el panorama se vuelve más exigente: el fenómeno de El Niño, el tipo de cambio y las condiciones macroeconómicas empiezan a jugar en contra.
Para Camilo Montes, director de ANDI Alimentos, el potencial sigue siendo significativo. La agroindustria ya representa cerca de un tercio de la manufactura y, junto con el sector agropecuario, aporta entre el 10% y el 12% del PIB. Aunque su peso relativo es menor al de décadas atrás, el país cuenta con una base productiva amplia -más de 46.000 empresas de alimentos- y un mercado interno de US$35.000 millones.
El reto, señala Montes, es convertir ese potencial en crecimiento efectivo y dejar atrás la idea del agro como una promesa para consolidarlo como un motor real de la economía.