Un nuevo informe de la organización internacional advierte que la brecha digital entre ciudades y zonas rurales se amplió en términos relativos, mientras la fusión Tigo-Movista concentra aún más el mercado.
Las velocidades de descarga móvil en las zonas rurales de Colombia son un 78% más bajas que el promedio rural de la OCDE, y las de banda ancha fija rural se ubican un 43% por debajo de ese mismo referente, según un informe publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que analiza en profundidad el estado de la conectividad digital del país.
El documento, titulado OECD Digital Connectivity Review of Colombia y preparado a solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), concluye que pese a los avances registrados durante la última década, “la brecha digital entre las regiones metropolitanas y las zonas remotas se ha ampliado en términos relativos”, lo que representa una señal de alerta para un país que ha situado la conectividad como eje de su estrategia de transformación digital.
Colombia ha logrado avances notables en infraestructura digital, ya que el despliegue de fibra óptica creció aceleradamente y al cierre de 2024 representaba el 48% de todas las suscripciones de banda ancha fija, un nivel comparable al promedio de la OCDE del 47%. Sin embargo, la penetración de banda ancha fija y de fibra “sigue siendo aproximadamente la mitad del promedio de la OCDE”, según el reporte.
El informe advierte, además, que “aunque la infraestructura de banda ancha ha crecido sustancialmente, la adopción por parte de los usuarios no ha seguido el ritmo”. Muchos hogares permanecen desconectados o dependen de servicios de menor calidad, especialmente en zonas rurales y remotas donde los incentivos de inversión son más débiles y la prestación del servicio suele ser comercialmente poco atractiva.
Colombia inició el despliegue de redes 5G apenas en 2024, con un retraso considerable frente a países comparables, y su adopción “sigue siendo limitada”, señala la OCDE.
El mercado, en una encrucijada
El análisis de la OCDE describe al sector de las telecomunicaciones colombiano como uno que se encuentra en “un punto de inflexión”. Entre 2015 y 2023, los ingresos del sector cayeron en términos reales un 16,5%, lo que equivale a una contracción anual del 2,2%. El ingreso promedio por usuario (ARPU) del segmento móvil ha sido “el más bajo entre los países miembros de la OCDE durante la última década”, según el informe.
A esta presión financiera estructural se suma la dinámica competitiva actual. Claro ha mantenido una posición dominante “relativamente estable” durante los últimos diez años. La fusión entre Tigo y Movistar, el segundo y tercer operadores móviles del país, fue aprobada con remedios por la Superintendencia de Industria y Comercio el 13 de noviembre de 2025, y está en proceso de implementación. Wom, el operador más pequeño que irrumpió en el mercado en 2020 y que “perturbó los modelos de precios establecidos”, atraviesa actualmente una reestructuración financiera que genera “preocupaciones sobre una posible salida del mercado y una reducción de la contestabilidad”.
El reporte advierte que “estas vulnerabilidades representan riesgos para la inversión a largo plazo y la competencia, particularmente en las regiones menos rentables”.
Otro hallazgo que genera alerta es el desempeño del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), el principal vehículo financiero del Estado para ampliar la conectividad. En 2024, la tasa de ejecución del componente de inversión, que incluye proyectos de despliegue de infraestructura digital, cayó a aproximadamente el 60%, frente a una tasa de ejecución de alrededor del 90% para las transferencias corrientes.
La OCDE señala que “esta deficiencia puede retrasar la implementación de proyectos prioritarios, particularmente en zonas desatendidas y rurales”, y que la ausencia de evaluaciones sistemáticas ex ante y ex post “limita la capacidad de garantizar que los recursos se dirijan de manera efectiva”.
Además, el informe critica que una parte significativa de las transferencias del FUTIC se canaliza hacia el Tesoro Nacional, mientras que el regulador sectorial, la CRC, recibe menos del 1% del presupuesto del fondo.
El informe cuestiona también la independencia del regulador. Aunque la Ley TIC de 2019 representó un avance, la OCDE sostiene que “la CRC no es del todo independiente”, dado que el poder ejecutivo nombra a dos de los cinco comisionados de la Sesión de Comunicaciones: uno a través del Ministerio de TIC y otro directamente por el presidente de la República. Esta estructura “no tiene precedente en los países miembros de la OCDE”, indica el documento, y puede generar conflictos de interés.
La organización recomienda eliminar la representación del ejecutivo en la junta de la CRC y basar todos los nombramientos en criterios de mérito, transparencia e independencia.
Entre las orientaciones de política que plantea el informe se incluyen: reforzar la regulación procompetitiva ex ante, especialmente frente al operador dominante; aplicar un escrutinio riguroso a los remedios de la fusión Tigo-Movistar; fortalecer los marcos de acceso mayorista; y actualizar el marco regulatorio para adaptarlo al ecosistema impulsado por servicios OTT (plataformas de streaming, mensajería y redes sociales).
“Colombia se encuentra en una encrucijada”, concluye el informe. “El país ha construido bases sólidas para la conectividad digital, pero los desafíos estructurales persistentes, las dinámicas desiguales del mercado de comunicaciones y las presiones emergentes impulsadas por plataformas, destacan que se necesitan esfuerzos adicionales para mantener el impulso”.
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