Con los “halcones” al mando en el Emisor, el mercado prevé subida de tasas hasta 11,25%

En 1991, en medio de la Asamblea Constituyente, la idea de otorgarle autonomía al Banco de la República no era, ni mucho menos, un consenso. Desde el Ministerio de Hacienda, entonces en cabeza de Rudolf Hommes, se advertía que esa decisión implicaba ceder poder en materia monetaria, cambiaria y crediticia. La discusión se resolvió con una frase que quedó en la memoria económica del país. El presidente César Gaviria lo planteó sin rodeos: “Imagínese que salga electo Navarro o Samper”.

La autonomía se impuso. Y con ella, una tensión que se ha repetido con casi todos los gobiernos: la del Ejecutivo frente a un banco central que decide, en última instancia, el costo del dinero. Una situación que se ha exacerbado en el actual gobierno de Gustavo Petro.

Tres décadas después, esa historia vuelve a escribirse. Este martes 31 de marzo, la Junta Directiva del Banco de la República deberá definir si mantiene o endurece su postura monetaria, con una tasa de interés que hoy está en 10,25%, tras el sorpresivo aumento de 100 puntos básicos en enero.

El mercado ya tiene su propia respuesta. Las encuestas de Anif y los análisis de Investigaciones Económicas de Bancolombia apuntan a un nuevo incremento de 100 puntos básicos, que llevaría la tasa hasta 11,25%. Incluso, algunos escenarios contemplan que el ciclo restrictivo podría extenderse más allá del primer semestre.

La discusión, sin embargo, no es solo de magnitud sino de enfoque. Al interior de la Junta conviven dos visiones. De un lado, los “halcones”, enfocados en contener la inflación aun si eso implica sacrificar crecimiento en el corto plazo. Del otro, las “palomas”, que priorizan la actividad económica y advierten sobre los costos de una política excesivamente restrictiva.

Hasta ahora, la balanza se ha inclinado hacia los primeros.

Esa postura ha generado fricciones con el Gobierno. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, han cuestionado en varias ocasiones las decisiones del Emisor. Aunque el Ejecutivo ha ganado espacio en la Junta —con los nombramientos recientes de César Giraldo y Laura Moisá—, las votaciones no han seguido una lógica automática.

De hecho, Olga Lucía Acosta, que llegó el Emisor de la mano del primer ministro de Hacienda de este gobierno, José Antonio Ocampo, se ha apartado de la línea que respaldan el ministro Ávila, Giraldo y Moisá (las “palomas”), reflejando una dinámica interna menos predecible de lo que sugieren las mayorías formales.

Allí se ha alineado con el gerente, Leonardo Villar Gómez, y sus colegas Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar.

Más allá de las tensiones políticas, los fundamentos económicos explican el sesgo actual. Según el equipo técnico del Banco, el balance de riesgos inflacionarios ha vuelto a deteriorarse. A las presiones internas —como el impacto del salario mínimo y unas expectativas que aún no convergen a la meta— se suma un entorno internacional más incierto, con choques en precios de energía, transporte e insumos.

Asobancaria añade otros factores: presiones fiscales que sostienen la demanda interna y fenómenos climáticos que siguen afectando el precio de los alimentos.

Si la Junta opta por un ajuste de 100 puntos básicos, confirmará que el ciclo restrictivo no ha terminado y que la prioridad sigue siendo la estabilidad de precios, incluso si el crecimiento debe esperar.

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