Con votación 6-2, el tribunal anuló el decreto por “ostensible violación” de la Carta. El Gobierno había recaudado $1,6 billones antes de la suspensión en enero.
La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro había declarado la emergencia económica en diciembre del año pasado, también dejó sin piso los decretos que creaban nuevos impuestos.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, con salvamento parcial de voto de Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade.
Según el alto tribunal, la medida implicó una “ostensible violación de la Carta Política”, al no cumplir con los requisitos constitucionales para declarar un estado de excepción.
Esta decisión ratifica la postura que ya había anticipado la Corte en enero, cuando también por 6 votos contra 2 ordenó la suspensión provisional de los efectos del decreto, al considerar que podían generarse consecuencias irreversibles.
El fallo abre ahora un frente fiscal para el Gobierno, ya que durante la vigencia del decreto se alcanzaron a recaudar cerca de $1,6 billones. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, hasta el 29 de enero —cuando fue suspendido— se había recogido aproximadamente el 10 % de los $16 billones que se proyectaban.
Uno de los puntos clave será si la sentencia tiene efectos retroactivos. De ser así, el Ejecutivo tendría que devolver los recursos recaudados bajo el amparo de la emergencia económica.
El decreto que sustentó la emergencia económica incluía, en la práctica, un nuevo paquete fiscal. El Gobierno planteaba la necesidad de recaudar cerca de $16,3 billones adicionales para financiar el presupuesto de 2026, luego del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
El magistrado Carlos Camargo aseguró que el decreto gubernamental “es inexequible” (contrario a la Constitución) porque “el principio de separación de poderes (…) constituye una garantía esencial del Estado Social de Derecho y de la democracia”.
“Este principio asegura que no exista una concentración arbitraria del poder y protege la participación indirecta del pueblo en decisiones fundamentales como la discusión y aprobación del presupuesto y las medidas tributarias necesarias para su sostenibilidad”, añadió Camargo.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió a la Corte: “nos quieren ahorcar porque somos un Gobierno diferente”.
Por otra parte, Petro anunció que su Gobierno presentará al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria en respuesta a la subida de los tipos de interés al 11,5 %, aprobada la semana pasada por el Banco de la República.
Esta será la tercera ocasión en la que el Gobierno de Petro presente un proyecto de reforma tributaria. La primera fue aprobada en 2022 y la segunda fue rechazada por el Congreso en diciembre pasado, lo que llevó al presidente a declarar la emergencia económica.