Gremios de ambos países advierten riesgos para el comercio bilateral, costos y exportaciones tras el aumento de aranceles y el deterioro de la relación comercial.
Comerciantes y empresarios ecuatorianos expresaron este viernes su preocupación por los posibles efectos del alza del 50 % al 100 % en los aranceles a las importaciones colombianas a partir del próximo 1 de mayo, para presionar a Colombia a reforzar la seguridad en la zona fronteriza.
La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) señaló que “reconoce y comparte la legitima preocupación” del Gobierno liderado por Daniel Noboa, por reforzar la seguridad fronteriza y la lucha contra narcotráfico.
“Aún así, transmitimos la preocupación de muchos de nuestros afiliados por el impacto que el incremento de la tasa de seguridad al 100 % sobre productos colombianos tendrá en algunos sectores productivos consumidores y cadenas de valor estrechamente relacionadas por el histórico comercio binacional”, indicó en un comunicado.
Destacó que Ecuador y Colombia son “pueblos hermanos, unidos por historia, cultura familias y frontera común”.
Los desafíos de seguridad regional son “reales e impostergables, y merecen respuestas de cooperación binacional, por sobre instrumentos o acciones que erosionen la confianza y la integración que por décadas se ha construido y ha beneficiado a nuestros pueblos”, abundó.
La CCQ formuló un llamamiento “respetuoso, pero urgente” a ambos gobiernos para retomar las mesas técnicas de diálogo en materia de seguridad, comercio y energía para construir soluciones “que honren la soberanía de ambos países y los lazos indisolubles que han sido ejemplo regional de hermandad”.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, pidió serenidad a los presidentes de ambos países y podió que busquen la forma de solucionar sus diferencias directamente o a través de terceros.
“No tiene ningún sentido que pongamos a los trabajadores de nuestras empresas y a los consumidores de ambos países a ser la moneda de cambio de las diferencias entre dos gobiernos”, señaló.
Las mesas técnicas de diálogo, previstas para la próxima semana, quedaron suspendidas luego de que escalara la tensión entre Quito y Bogotá por declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, en las que calificaba de “preso político” al exvicepresidente correísta Jorge Glas, que cumple sentencias por corrupción en la cárcel de mayor seguridad de Ecuador.
Tras esas declaraciones, que Noboa consideró un “atentado” contra la soberanía de su país, Quito llamó a consultas a su embajador, Arturo Félix Wong, y tras el anuncio el jueves del alza de aranceles, Petro ordenó el retorno “inmediato” de su embajadora, María Antonia Velasco.
Petro tachó de “monstruosidad” la decisión de Ecuador de subir de 50 % al 100 % los aranceles a las importaciones y consideró que eso “significa el fin del Pacto Andino (sic) para Colombia”.
Una “guerra” con más perdedores que ganadores
El Comité Empresarial Ecuatoriano señaló este viernes que mantiene una “gran preocupación” por la seguridad nacional, y no descartó los efectos que el alza en la llamada tasa de seguridad tendrá sobre “el ya disminuido comercio entre ambas naciones y la sostenibilidad de la Comunidad Andina”.
La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga relación comercial, comenzó en enero pasado con el anuncio de la imposición de aranceles del 30 % desde el 1 de febrero, que posteriormente se elevaron al 50 % desde el 1 de marzo.
La escalada arancelaria fue acompañada de otras sanciones recíprocas. Colombia cerró su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.
Además, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.
Con información de EFE