La expedición del Decreto 0369 abrió una nueva discusión alrededor de su viabilidad jurídica y operativa. Asofondos señaló que las administradoras de fondos de pensiones están revisando el alcance de la norma antes de su implementación y analizando acciones judiciales.
El gremio de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, se pronunció nuevamente a raíz del Decreto 0369, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito público, que limita las inversiones de las AFP en el extranjero a 30%.
“Desde ya y en las próximas semanas, los equipos de las AFP estarán analizando acciones judiciales para proteger el ahorro de los trabajadores, y el alcance de la norma para presentar el plan de ajuste que esta exige antes de empezar su implementación”, estableció el gremio.
Con el pronunciamiento, la discusión pasa a un terreno de compatibilidad jurídica. El gremio cuestiona el contenido del decreto, su encaje con las reglas que hoy rigen el manejo de los recursos pensionales y con un eventual nuevo marco de inversiones derivado de la reforma.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos señaló que “se solicitará a las autoridades la claridad necesaria frente a este nuevo decreto cuyas precisiones serán muy importantes para su implementación”, dejando planteada la necesidad de definiciones regulatorias antes de avanzar en su ejecución.
La normativa obliga a las administradoras reportar a la Superintendencia Financiera, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del decreto, un plan de ajuste orientado a la implementación gradual del nuevo límite. Ese punto, según el gremio, obliga a revisar desde ahora el alcance de la norma y las condiciones bajo las cuales podría aplicarse, en medio de las dudas jurídicas identificadas por el sector pensional.
En los posibles conflictos normativos que, a juicio del sector deja abiertos el decreto, están analizando “los posibles conflictos frente a la Ley 100, a otras disposiciones del régimen de inversiones vigente y al escenario que se plantearía si la Corte Constitucional declara exequible la Ley 2381 de 2024 en cuanto al régimen de inversiones”. En esa misma línea, añadió que “este decreto tendría que ser revisado, de implementarse dicha norma”.
Además, añade que el Decreto 0369 afecta “un principio fundamental en la administración de ahorros pensionales: la diversificación” y que también impacta el modelo de multifondos creado en 2009, diseñado para ajustar la inversión al nivel de riesgo de los afiliados.
Asimismo, Asofondos sostuvo que los ahorros pensionales tienen una destinación definida por la Constitución, en el artículo 48, y que su finalidad es financiar las pensiones de los afiliados. Bajo esa lectura, el gremio marcó distancia frente al propósito que atribuye al decreto, que busca apoyar las necesidades de inversión del país, al considerar que ese objetivo no coincide con la función propia de estos recursos, que debe concentrarse en proteger su seguridad y en fortalecer el monto de las pensiones futuras.
En esa misma línea, el comunicado recordó que la Contraloría General de la República ha advertido sobre los efectos de reducir la diversificación de los portafolios. Según eso, limitar las inversiones en el exterior podría afectar los rendimientos de los afiliados y trasladar presión adicional tanto al sistema pensional como a las finanzas públicas.
Con esto, la posición del gremio es que: aunque las AFP acatan las normas vigentes, el sector está evaluando recursos y acciones judiciales adicionales para cumplir con su deber fiduciario y proteger el ahorro pensional de los afiliados.
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