Cuando un gobierno grava el patrimonio en lugar de las utilidades, al tiempo que recauda desincentiva la inversión que el país más necesita.
Hay un problema que no se está discutiendo con la frecuencia que merece. Cada vez menos empresas quieren traer capital a Colombia.
Los números lo muestran. La inversión en maquinaria, infraestructura y activos productivos cayó del 24% del PIB en 2015 al 16% en 2025. Una perdida en capacidad productiva, cuyos efectos se sentirán durante años en el empleo y el crecimiento.
Cuando una empresa invierte, no solo compra una máquina. Crea empleos, paga impuestos y jala a proveedores y comunidades enteras. Un país que espanta la inversión no solo pierde el capital que se va, también pierde los empleos que nunca se crearán y los ingresos fiscales que nunca llegarán.
En ese contexto llegó el Decreto 0173 de 2026. Bajo el argumento de atender las emergencias climáticas en Córdoba, Antioquia y La Guajira, el Gobierno creó un impuesto extraordinario al patrimonio (creado en febrero para ser pagado en abril) a más de 15.000 empresas, que representan cerca de tres millones de empleos.
Al cierre de esta edición, la Corte Constitucional revisaba su legalidad. Muchas empresas estaban viendo cómo pagar la primera cuota para evitar sanciones y embargos mientras esperan un fallo.
El tributo no recae sobre utilidades ni ventas, sino sobre lo que las empresas han construido. Es decir, sus activos menos sus deudas. Una bodega, una flota de camiones, maquinaria agrícola. Es en la práctica una doble tributación. Para pagarlo, muchas deben endeudarse o vender activos, sin haber tenido tiempo de hacer provisiones ni ajustar presupuestos.
Ese es el problema de fondo. El impuesto al patrimonio no grava lo que las empresas ganan, sino lo que han acumulado. Penaliza la inversión pasada y desincentiva la futura.
No existe, además, una correlación clara entre el monto que se quiere recaudar y el costo real de la emergencia.
El Presupuesto de 2026 ya arrastra un faltante cercano a los $20 billones, el gasto público sigue creciendo y la contratación directa con bases políticas continúa. La pregunta inevitable es si estos $6,3 billones atenderán realmente la emergencia o simplemente se usarán para tapar el hueco fiscal.
Recaudar impuestos no es solo una facultad legal. Es una prueba de legitimidad. Y esa legitimidad no se decreta, se gana con reglas estables y coherencia entre lo que se cobra y lo que se gasta. Sin eso, el daño a la inversión es silencioso pero acumulativo, y sus consecuencias son básicamente retroceder en el futuro.
Esta es la carta editorial firmada por el editor general de Forbes Colombia que apareció en la edición impresa de abril-marzo 2026.