Fundesarrollo y Barrera Rey proponen dividir en tres a cinco empresas el mercado de Caribe Sol. Air-e acumularía un saldo negativo de $6,3 billones a finales de 2026.
Un estudio presentado por el centro de pensamiento Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo) y la firma Barrera Rey – Economic Advisory, especializada en mercados de energía, advierte que la crisis eléctrica que afecta a Atlántico, La Guajira y Magdalena no es un problema de gestión empresarial sino una falla estructural del modelo de prestación del servicio vigente desde 1994, e insta a las autoridades a reemplazarlo antes de que el colapso financiero del operador actual se torne irreversible.
El informe llega una década después de que el gobierno nacional interviniera Electricaribe (la distribuidora que operó durante casi 20 años en la región Caribe bajo capital español de Gas Natural Fenosa) ante el deterioro sostenido del servicio, las millonarias deudas con el sistema eléctrico y la incapacidad de garantizar suministro confiable a millones de usuarios.
La intervención de 2016 y la posterior liquidación de Electricaribe derivaron en la creación de dos nuevos operadores: Air-e, para Atlántico, La Guajira y Magdalena, y Afinia, para el resto de la región. Sin embargo, el estudio concluye que el cambio de operador no resolvió el problema de fondo porque el modelo regulatorio que lo sostiene permanece intacto.
El informe, titulado “Solución empresarial para el mercado de Caribe Sol” y financiado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y el Comité Intergremial del Atlántico, ofrece la radiografía más detallada hasta la fecha de las causas estructurales detrás de los apagones, las altas tarifas y la quiebra progresiva del distribuidor regional.
El estudio identifica cuatro condiciones que hacen inviable el esquema actual en la región: la limitada capacidad de pago de los usuarios (el 40% de la población en pobreza extrema del país reside en el Caribe, que concentra solo el 23% de la población nacional), un territorio disperso con infraestructura precaria y altos costos operativos; la alta informalidad en el acceso al servicio, con barrios subnormales y conexiones no regularizadas que generan pérdidas significativas; y un consumo atípico que duplica el de otras regiones, en parte explicado por una elevada intensidad energética: Atlántico y Magdalena requieren más del doble de energía que Bogotá y Santander para producir la misma cantidad de PIB.
A ello se suma que siete de cada diez ocupados en la región son trabajadores informales, lo que limita estructuralmente la capacidad de pago de los hogares pese a registrar los consumos residenciales promedio más altos del país.
“Si queremos que la región Caribe avance, es necesario actuar ahora. La solución pasa por modelos que comprendan y respondan a la realidad del territorio, con operadores que gestionen energía de manera eficiente y sostenible”, indicó el equipo de Fundesarrollo.
Los números de Air-e, el sucesor de Electricaribe en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, ilustran que el cambio de nombre no detuvo la sangría. Con base en información presentada ante la Comisión Accidental de Seguimiento a su Intervención en septiembre de 2025, el estudio revela que ese año la empresa logró recaudar solo el 74,5% de los ingresos facturados, generando pérdidas mensuales de aproximadamente $185.000 millones por no recaudo y pérdidas no reconocidas. A julio de 2025, su deuda total ascendía a $3,6 billones, con un déficit operativo mensual promedio de $138.000 millones.
El 73% de su base de usuarios pertenece a los estratos 1, 2 y 3, y la empresa atiende el 54% de los barrios subnormales del país. El informe proyecta un saldo negativo acumulado de -$6,3 billones para finales de 2026, y concluye que la crisis no es temporal sino una inviabilidad estructural.
La dimensión del problema trasciende lo regional. Para 2039, según el estudio, la región Caribe concentrará el 31% de la demanda eléctrica nacional, lo que convierte su crisis energética en un riesgo sistémico para la estabilidad del sistema eléctrico del país.
La propuesta: entre tres y cinco empresas
Para reemplazar el modelo vigente, Fundesarrollo y Barrera Rey plantean la conformación de entre tres y cinco empresas organizadas según las particularidades de cada territorio. El esquema contempla tres Operadores de Red (OR) departamentales (uno por cada departamento) que funcionen bajo un modelo de venta abierta y con posibilidad de contar con inversionista financiero o estratégico; OR especializados en la normalización de barrios subnormales, operados mediante esquemas de concesión que establezcan con claridad la propiedad de los activos y las responsabilidades; y dos empresas orientadas a las zonas de mayor dispersión en La Guajira y Magdalena, con pilotos municipales en territorios de alta concentración de pobreza energética y cuentas independientes para separar costos y beneficios.
El estudio señala que la implementación en el corto plazo requiere cargos de comercialización escalonados, tarifas nacionales unificadas para los niveles 3 y 4 de consumo, un acuerdo de distribución y despacho entre los tres departamentos y una inyección de liquidez a las nuevas empresas para garantizar su operación. Los actores llamados a intervenir incluyen al Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, las alcaldías y gobernaciones, y microempresas comunitarias.
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