Ávila cuestionó el alza de la tasa del Emisor a 11,25%, la calificó de “despropósito” y puso en duda su eficacia, mientras Villar defendió la decisión y pidió frenar las descalificaciones al Emisor.
La tensión entre el Gobierno y el Banco de la República, que venía escalando desde hace semanas, dio un nuevo paso hacia el terreno político. El pulso se dio en la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara que citó al gerente del Emisor, Leonardo Villar Gómez, y al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, a un debate de control sobre el impacto fiscal, presupuestal y financiero de las recientes decisiones de política monetaria.
El nuevo choque se produjo tras el episodio del 31 de marzo, cuando Ávila se retiró abruptamente de la sesión en la que la Junta Directiva elevó la tasa de interés en 100 puntos básicos hasta 11,25%, una decisión que marcó un punto de quiebre en la relación entre el Ejecutivo y el banco central.
Desde entonces, el desacuerdo ha escalado más allá de lo técnico. En su intervención de este miércoles, el ministro puso el tono político del debate: “Doctor Villar yo orgullosamente fui guerrillero, soy un desmovilizado del M-19, no me da pena, no lo escondo, no me avergüenza”, dijo, al tiempo que señaló que esa trayectoria también explica “la ausencia de comunicación que tenemos en el Banco de la República, en su Junta Directiva”.
Ávila cuestionó de fondo la orientación del Emisor. Aseguró que sus decisiones responden a lecturas que privilegian al sector financiero y no reflejan la realidad de la economía productiva, incluyendo industria, agro y pymes. En esa línea, calificó el aumento de tasas como un “despropósito” que podría deteriorar el crecimiento.
También criticó la magnitud del endurecimiento monetario: “Es absolutamente desconcertante (…) hablar de incrementos en la tasa de interés de 200 puntos básicos en tres meses, cosa que no ha hecho ningún banco central en ninguna parte del mundo”. Y fue más allá al cuestionar la eficacia de la política: “No vamos a controlar subiendo las tasas internas (…) los efectos del cierre del estrecho de Ormuz ni el precio internacional del petróleo”.
El ministro incluso abrió el debate sobre la meta de inflación: “A la economía colombiana no le pasa nada si la meta es del 4% o incluso podría llegar al 5%”, afirmó.
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El presidente Gustavo Petro ha respaldado esa postura. En un consejo de ministros reciente calificó como una “burrada” el aumento de tasas y lo vinculó con una supuesta reacción del Banco frente al incremento del salario mínimo. Además, lanzó críticas directas contra la codirectora Laura Moisá —a quien él mismo nombró— al afirmar que “pasó de ser más marxista que yo a ser una fascista”, elevando aún más el tono del choque institucional.
Moisá se habría apartado de la postura del Gobierno votando, en la sesión del 31 de marzo, por mantener la tasa en 10,25%. Al final la mayoría de cuatro, que votó por el incremento de 100 puntos básicos, se impuso.
Del otro lado, Villar defendió el accionar del Emisor y pidió frenar las descalificaciones: “Debe parar la descalificación del Banco de la República y de sus miembros”, afirmó. En particular, rechazó los ataques dirigidos contra integrantes de la Junta, incluidas sus miembros mujeres.
El gerente del Banco insistió en que las decisiones de política monetaria no responden a intereses particulares, sino al mandato constitucional de “velar por mantener el poder adquisitivo del peso, en coordinación con la política económica general”. Explicó que el esquema de inflación objetivo, vigente desde hace más de dos décadas, busca llevar la inflación hacia la meta del 3% al tiempo que procura el máximo nivel sostenible de producto y empleo.
En ese marco, defendió el aumento de tasas aprobado en marzo al señalar que respondió a la persistencia y el repunte de la inflación y de sus expectativas, así como a riesgos externos asociados al conflicto en el golfo Pérsico y a un entorno monetario internacional más restrictivo, factores que podrían presionar los precios de combustibles y alimentos y generar volatilidad cambiaria. También advirtió que las presiones inflacionarias siguen siendo generalizadas, especialmente en servicios y rubros indexados al salario mínimo, en un contexto de mercado laboral apretado y desbalances macroeconómicos.
Villar subrayó además que el Banco actúa con responsabilidad frente a esos riesgos: “No estamos haciendo un genocidio. Tomamos una decisión responsable para mantener el poder adquisitivo de la moneda de los colombianos”. Y agregó un mensaje implícito sobre las finanzas públicas al señalar que los títulos de corto plazo (TCO) utilizados por el Gobierno para financiarse han crecido de forma significativa, superando los $60 billones.
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