El Consejo advierte presión de liquidez en empresas por el impuesto que grava activos y no utilidades y pide suspender la medida.
La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, pidió a la Corte Constitucional suspender temporalmente los efectos del Decreto 173 de 2026, que establece medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.
La solicitud se da en un momento crítico: el 4 de mayo vence el plazo para el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, lo que, según el gremio, está generando una presión de liquidez significativa en las empresas.
En un hilo publicado en la red X, Gutiérrez advirtió que la medida podría llevar a muchas compañías a endeudarse, recortar inversión o incluso comprometer su operación.
El decreto, expedido en el marco de la emergencia económica, grava el patrimonio —y no las utilidades— de las empresas. Para el Consejo Gremial, este enfoque desconoce la capacidad real de pago y constituye una carga directa sobre la caja de las compañías, al obligarlas a tributar por activos y no por ingresos generados.
“Cuando se castiga el patrimonio, se frena la inversión, se aplaza el crecimiento y se pone en riesgo el empleo”, señaló Gutiérrez, quien también alertó sobre posibles acciones contra empresas que no logren cumplir con el pago, incluso si han acudido a instancias judiciales. “Esto significa pagar por lo que se tiene y no por lo que se gana, desconociendo la capacidad real de pago. Es una carga directa sobre la caja de las empresas”.
El gremio enmarca su advertencia en un contexto macroeconómico más amplio. Según cifras citadas, el déficit del Presupuesto General de la Nación alcanzó el 6,4% del PIB en 2025 y el déficit primario el 3,5%, niveles comparables con episodios de crisis recientes, pero sin un choque externo que los explique. En ese sentido, Gutiérrez insistió en que el problema fiscal responde más al crecimiento del gasto que a una caída de los ingresos.
Además, la dirigente cuestionó el uso recurrente de estados de excepción para adoptar medidas económicas de alto impacto, al considerar que pueden generar incertidumbre jurídica y afectar la confianza empresarial.
En este escenario, el Consejo Gremial planteó como salida una suspensión provisional del decreto mientras la Corte analiza su legalidad. A juicio del gremio, una intervención oportuna del tribunal podría evitar efectos irreversibles sobre el aparato productivo y contener un posible deterioro adicional en la inversión y el empleo.
La Corte Constitucional ya declaró inexequible la emergencia económica decretada por el Gobierno en diciembre. En esa decisión, el alto tribunal también ordenó la devolución de los impuestos recaudados bajo ese marco excepcional, lo que refuerza la incertidumbre jurídica alrededor de las medidas tributarias adoptadas por esa vía.
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