El gremio advierte que estas prácticas afectan el acceso al crédito y podrían derivar en delitos como fraude procesal y concierto para delinquir.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) encendió una alerta sobre la operación de un presunto “cartel de la insolvencia” que estaría utilizando mecanismos legales de manera fraudulenta para evadir el pago de obligaciones en el país.
Según el gremio, en los últimos dos años se ha registrado un aumento significativo en las solicitudes de insolvencia de personas naturales, en medio de irregularidades y actuaciones de mala fe que apuntan a la existencia de una estructura organizada.
De acuerdo con la denuncia, este esquema estaría integrado por abogados asesores y algunos centros de conciliación que recurren a maniobras irregulares para facilitar el acceso indebido a este mecanismo. Entre las prácticas identificadas se encuentra la creación de deudas ficticias con el fin de cumplir requisitos legales y promover acuerdos que terminan perjudicando a los acreedores reales.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, aseguró que se han detectado patrones recurrentes que evidencian una estructura criminal dedicada a asesorar a deudores para evitar el pago de sus obligaciones, lo que impacta no solo al sistema financiero, sino también a empresas del sector real, telecomunicaciones y fintech.
El gremio también advirtió sobre la posible coordinación sistemática entre algunos abogados y centros de conciliación, donde se tramitan solicitudes con inconsistencias, en ocasiones con los mismos actores participando en múltiples procesos.
Asobancaria advirtió que el uso indebido de la insolvencia deteriora la confianza en los deudores, eleva las exigencias para acceder a financiamiento y encarece el costo del crédito en la economía.
Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, advirtió que la insolvencia es para deudores en crisis real, no para evadir obligaciones; abusar de esta figura puede costar la tarjeta profesional y llevar a la cárcel.
Ante este panorama, el gremio hizo un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de control y a los ciudadanos para utilizar de forma responsable las herramientas legales, subrayando que estas prácticas pueden derivar en sanciones disciplinarias, multas e incluso penas privativas de la libertad.
“Quienes manipulen procesos de insolvencia con acreedores ficticios incurren en delitos como fraude y podrían enfrentar cárcel”, señaló el abogado Iván Cancino.