El 81,9% de los afiliados califica como buena o muy buena la atención, por debajo del 82,2% de 2019 y 2,9 puntos menos que en 2024, según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane.
La percepción del sistema de salud en Colombia se deterioró en 2025 y cayó a su nivel más bajo desde 2019, en medio de crecientes tensiones financieras y cuestionamientos sobre su sostenibilidad.
Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del Dane, el 81,9% de los afiliados calificó como buena o muy buena la calidad del servicio, lo que representa una caída de 2,9 puntos porcentuales frente a 2024 y lo ubica por debajo del 82,2% registrado en 2019 en el total nacional.
El dato confirma un deterioro reciente en la experiencia de los usuarios y marca el nivel más bajo desde la pandemia.
Este retroceso contrasta con uno de los principales logros del sistema: la cobertura. En 2025, el 97,2% de la población estaba afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), un nivel prácticamente universal.
En las cabeceras municipales, la afiliación se concentra en el régimen contributivo, con 53,9%, mientras el subsidiado representa el 46%, reflejando diferencias en la composición del sistema según el territorio.
En la práctica, esto significa que el sistema logra cubrir a casi toda la población, pero enfrenta crecientes cuestionamientos en la calidad del servicio.
El deterioro es más evidente en zonas rurales y centros poblados, donde la percepción positiva es menor, y en varios departamentos donde menos del 70% de los usuarios evalúa bien el servicio.
El resultado se conoce en medio de la discusión sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el giro que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado.
Mientras el Gobierno sostiene que no es necesario un incremento adicional, distintos actores del sistema han advertido que el nivel actual es insuficiente para cubrir los costos de atención.
La controversia se intensificó tras la orden de la Corte Constitucional de ajustar la UPC, una decisión que aún no se refleja plenamente en la política del Ejecutivo.
De hecho, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó este lunes un análisis “técnico” sobre la suficiencia de la UPC, es decir, el monto que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para cubrir su atención en salud.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que estos recursos son suficientes, pero advirtió que el problema está en su manejo.
En los últimos cuatro años, la UPC ha crecido $21 billones en términos reales, mientras que el presupuesto del sector salud aumentó cerca de $25 billones, con incrementos por encima de la inflación, especialmente en el régimen subsidiado, donde se concentra la población más vulnerable, dijo el funcionario.
“El problema no es la falta de recursos, sino cómo se están utilizando”, señaló el funcionario.
Esta posición contrasta con un Auto de la Corte Constitucional que, en un fallo trascendental proferido en enero de 2025, declaró el incumplimiento general frente al componente de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y declaró la insuficiencia de la UPC fijada en 2024.
Mediante el Auto 007 de 23 de enero de 2025, se ordenó al Ministerio de Salud la creación de un mecanismo de reajuste que debería aplicarse a la UPC de 2024 y 2025.
En su decisión, la Corte señaló que Ministerio de Salud no ha avanzado en la superación de las fallas identificadas en el sistema de información al interior del sistema de salud detectadas desde el Auto 411 de 2016, las cuales impiden calcular una UPC suficiente.
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