Las carteras de Hacienda y Trabajo señalaron que la medida cautelar, adoptada con trámite urgente, puede afectar la sostenibilidad del sistema y los derechos de los afiliados.
El Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Trabajo, expresó su preocupación por la decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente los efectos del Decreto 415 de 2026, que ordenaba el traslado de ahorros pensionales hacia Colpensiones.
En un comunicado conjunto, las carteras señalaron que, si bien respetan la independencia judicial, la medida cautelar fue adoptada en un trámite “excepcionalmente expedito” y sin agotar el debate contradictorio, lo que —advirtieron— podría tener implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía de los derechos de los trabajadores.
El Ejecutivo defendió la legalidad del decreto al indicar que fue expedido en desarrollo de lo previsto en la Ley 2381 de 2024 y en el marco del sistema vigente establecido por la Ley 100 de 1994. Según el Gobierno, la medida buscaba “dar coherencia financiera” al esquema pensional, asegurando que los recursos de quienes se trasladaron al régimen público acompañen las obligaciones asumidas por el Estado.
En ese contexto, el pronunciamiento eleva el tono frente a las administradoras privadas. Sostiene que existe una tensión estructural, en la que los fondos buscan mantener el control de los recursos de más de 120.000 afiliados que decidieron migrar al régimen público. Para el Gobierno, esta situación resulta inequitativa y contraria a los principios de sostenibilidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social.
“El sistema público asume el pago de las pensiones y los riesgos asociados, pero los recursos permanecen en administración privada”, señalaron las entidades.
Los ministerios reiteraron que ejercerán todas las acciones jurídicas necesarias dentro del proceso para defender la medida y garantizar la estabilidad del sistema. También hicieron un llamado a que el debate se dé con rigor y respeto por el debido proceso, evitando decisiones que puedan afectar la implementación de la reforma.
Finalmente, el Gobierno subrayó que la decisión del Consejo de Estado mantiene vigente el traslado de recursos correspondientes a cerca de 25.000 personas que ya consolidaron su derecho pensional, por lo que pidió a los fondos privados cumplir sin dilación con esos giros para asegurar el pago oportuno de las mesadas.