“Habían enviado a trabajar desde casa a varios administradores”, señaló la presidenta de la entidad en declaraciones conocidas tras los operativos realizados en diferentes regiones del país.
En medio del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación frente a la marca Lili Pink, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que asumirá la administración de los bienes de la empresa una vez se concrete la incautación, en línea con la normativa vigente. La entidad señaló que esta eventual intervención será clave para garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos.
Sin embargo, el plan de manejo no será automático, sino que dependerá de un diagnóstico integral que permita evaluar el estado real de la compañía y sus activos asociados. La SAE indicó que el objetivo es “garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos”, lo que implica decisiones basadas en información técnica y condiciones reales del negocio.
Adicionalmente, la SAE anunció que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, con el fin de verificar el estado actual de la sociedad y asegurar la transparencia en el proceso. La participación de estas entidades busca fortalecer los mecanismos de control y supervisión institucional.
En declaraciones recientes la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, también detalló que directivos vinculados a Lili Pink conocían anticipadamente las redadas adelantadas por las autoridades judiciales contra establecimientos asociados a la investigación por presunto contrabando y lavado de activos.
La directiva señaló que varios administradores no estaban presentes durante las diligencias realizadas el 27 de abril en diferentes ciudades del país. Pérez aseguró además que, durante varios de los procedimientos adelantados por la Fiscalía y la SAE, los gerentes de algunos establecimientos intervenidos ya no se encontraban en los puntos comerciales.
“Habían enviado a trabajar desde casa a varios administradores”, señaló la presidenta de la entidad en declaraciones conocidas tras los operativos realizados en diferentes regiones del país.
La dimensión del caso aumentó luego de que la Fiscalía informara que el presunto entramado habría lavado más de 730.000 millones de pesos mediante importadoras, comercializadoras y sociedades utilizadas para aparentar legalidad sobre mercancía investigada.
De acuerdo con la información revelada dentro del expediente, la compañía reportaría activos cercanos a 295.000 millones de pesos.
Lea también: SIC multa a Movistar con $4.679 millones por fallas en portabilidad numérica