La deuda pública ronda el 60% del PIB y refleja déficits persistentes. El aumento del endeudamiento y del costo del crédito eleva los riesgos sobre la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica.
La deuda pública en Colombia alcanzó niveles que implican una carga superior a $20 millones por habitante, según un informe de ANIF que advierte sobre el deterioro sostenido de las finanzas públicas.
El dato resume la magnitud del problema: a precios actuales, cada colombiano asumiría una deuda cercana a $20 millones, diez veces más que hace 35 años, cuando la carga per cápita rondaba los $2 millones .
El informe señala que este incremento responde a un patrón persistente en la política fiscal del país: el gasto público ha superado de forma reiterada los ingresos. En los últimos 35 años, el balance fiscal primario —que excluye el pago de intereses— solo ha sido superavitario en 8 ocasiones.
Ese desequilibrio ha obligado a financiar el faltante con mayor endeudamiento. Como resultado, la deuda del Gobierno Nacional Central se ubica cerca del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que, según ANIF, solo encuentra comparación con episodios de finales del siglo XIX, en medio de crisis fiscales, problemas de pago e hiperinflación.
La presión se ha intensificado en años recientes. Los déficits primarios de 2024 (-2,4% del PIB) y 2025 (-3,5%) reflejan un deterioro que solo tiene precedentes en momentos de crisis como 1999 o la pandemia de 2020.
Además del mayor endeudamiento, el costo de financiarlo también ha aumentado. ANIF atribuye este fenómeno a una mayor percepción de riesgo, reflejada en tasas de interés más altas y en recortes recientes de la calificación crediticia soberana.
El centro de estudios advierte que, de mantenerse esta trayectoria, la deuda podría volverse cada vez más difícil de sostener, con implicaciones sobre la estabilidad macroeconómica, el acceso a financiamiento y la capacidad del Estado para responder a choques externos.
En ese contexto, plantea la necesidad de ajustes fiscales, especialmente por el lado del gasto, así como mejoras en la eficiencia y focalización de la inversión pública. El objetivo, señala, es evitar que la dinámica actual derive en un escenario de mayor vulnerabilidad financiera.
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