La compañía señaló que la eventual terminación del contrato de gas pone en riesgo sus hornos, la seguridad operativa y tendría efectos sobre más de 2.000 empleos y comunidades del sur de Córdoba.
Cerro Matoso advirtió sobre el riesgo de cese de sus operaciones tras la solicitud de Canacol Energy de terminar los contratos vigentes de suministro de gas en Colombia, incluido el que sostiene con esta operación minero-industrial.
La compañía señaló que cerca del 80% del gas natural que utiliza proviene de Canacol, lo que compromete la continuidad de sus actividades. El gas es un insumo crítico para su operación, especialmente para el funcionamiento de sus hornos, que operan de manera continua y no cuentan con sustitutos técnicos.
Según la empresa, la solicitud de terminación habría sido presentada ante una corte en Alberta, Canadá, en el marco del proceso de reestructuración de Canacol, y está sujeta a análisis. Cerro Matoso calificó la medida como improcedente y expresó su sorpresa, al asegurar que durante los últimos meses ha sostenido conversaciones con la compañía en busca de acuerdos.
En ese contexto, indicó que se encuentra en etapa de negociación y ha brindado apoyo en medio de la situación financiera de Canacol. No obstante, advirtió que la eventual terminación del contrato pone en riesgo la seguridad e integridad de sus equipos humanos y activos, así como la estabilidad de su operación.
El impacto no sería solo industrial. Cerro Matoso advirtió que la terminación de contratos de gas también podría afectar el abastecimiento en la Costa Atlántica, con posibles incrementos en las tarifas para los usuarios, ante la salida de volúmenes actualmente contratados.
En términos económicos, la empresa alertó que un cese de operaciones tendría efectos significativos: en 2025 generó más de 2.000 empleos, aportó más de $334.000 millones en regalías e impuestos y destinó más de $10.600 millones en programas sociales. Además, por cada día de suspensión, se estiman pérdidas cercanas a $1.000 millones para el país y más de $5.100 millones para la compañía.
Asimismo, existe el riesgo de afectaciones estructurales en los hornos, cuyas fallas podrían implicar costos estimados entre $550.000 millones y $730.000 millones cada uno, así como tiempos de reparación superiores a 10 meses.
La minera sostuvo que el contrato se rige por la legislación colombiana y confió en que las autoridades supervisen el proceso para proteger el orden público económico y los derechos de las partes involucradas.
El caso se da en un contexto de menor oferta de gas en el país. En marzo, el gas importado ya representaba el 23,75% del suministro, mientras la producción cayó cerca de 9,6% anual y el gas comercializado cerca de 15%, según Acipet con datos de la ANH.
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