Se alzan voces contra el Gobierno por exención al 4×1000 que lleva 501 días sin implementarse

Nu Colombia anunció este martes que reembolsará el costo del Gravamen a los Movimientos Financieros (4×1000) a los clientes que trasladen su dinero a un certificado de depósito a término (CDT) entre el 5 y el 9 de mayo, una apuesta con la que la entidad busca llamar la atención del Gobierno para que active un beneficio tributario aprobado hace más de tres años y que aún no opera en el sistema financiero.

La medida coincide con los 501 días de retraso en la implementación del artículo de la Ley 2277 de 2022 que habilitó a las personas naturales para que todas sus cuentas en el sistema financiero queden exentas del 4×1000 hasta un tope mensual de 350 Unidades de Valor Tributario (UVT), en lugar de tener que designar una única cuenta marcada. El nuevo esquema debió empezar a operar el 13 de diciembre de 2024.

“Tenemos una ley que no se está cumpliendo y eso me parece que es inaceptable”, dijo Marcela Torres, directora general de Nu Colombia, en una reunión con la prensa en Bogotá. La ejecutiva describió al impuesto como un “freno de mano” para la digitalización de pagos, la competencia y la innovación financiera.

El ahorro potencial podría alcanzar los $800.000 anuales por usuario, equivalentes al 4×1000 aplicado sobre el tope mensual exento de aproximadamente $18 millones, en Colombia donde, según líderes de Nu y Colombia Fintech, cerca del 80% de la población percibe ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, sostuvo que el 98% del sistema financiero está técnicamente listo para operar bajo el nuevo esquema, con contratos suscritos con un orquestador tecnológico mayoritario, y que el cuello de botella se reduce a una decisión política.

“Si mañana el Ministerio de Hacienda y la Dian dicen ‘esto empieza el lunes’, el lunes esto está operativo”, afirmó.

El gremio identifica a TransUnion como el operador que concentra la mayor parte del volumen, mientras que Passport agrupa al sector cooperativo. La integración entre ambos no se ha activado a la espera de una instrucción regulatoria que dé certeza sobre cómo operar la interoperabilidad sin que las entidades incurran en incumplimientos por dejar de retener el impuesto.

Luz María Mercado, directora legal de Nu Colombia, explicó que la Dian, al recibir derechos de petición de ciudadanos, ha trasladado la responsabilidad a las entidades financieras, argumentando que estas deberían devolver el 4×1000. Sin un orquestador centralizado, sin embargo, las entidades carecen de la información necesaria para determinar cuándo aplica la devolución. La directiva precisó que existe una acción popular admitida que pide a las entidades reintegrar lo recaudado por este concepto, pero el proceso enfrenta el mismo limitante técnico.

La discusión sobre el 4×1000 ocurre en paralelo al despegue de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Torres señaló que el sistema registró su día récord de transaccionalidad el 30 de abril y que ya representa más del 10% de las transacciones del sistema. La ejecutiva argumentó que el 4×1000 actúa como un disuasor para la digitalización en un momento en que el propio Gobierno empuja la formalización de pagos.

Los líderes de Nu y Colombia Fintech invocaron el caso brasileño como referencia. Torres recordó que Brasil eliminó un impuesto equivalente, del 0,3%, con la llegada del sistema de pagos PIX, y que en el largo plazo el recaudo aumentó por la mayor formalización y transaccionalidad digital. Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil y hoy jefe de políticas públicas globales de Nu, ha sostenido este argumento ante precandidatos presidenciales colombianos, según la ejecutiva.

Oscar Cadena, director de políticas públicas de Nu Colombia, sostuvo que más allá del beneficio tributario el régimen actual genera fricciones operativas inaceptables, como la imposibilidad de marcar o desmarcar cuentas a través de canales digitales en plazos cortos.

Santos, por su parte, comentó que el incumplimiento de la norma se está convirtiendo en un punto de la agenda electoral del gremio, tanto frente a candidatos al Congreso como a la Presidencia, y que de no haber avances quedan abiertos los mecanismos legales para forzar al Estado a cumplir.

La cronología regulatoria muestra que, tras el plazo inicial de diciembre de 2024, el sector entró en un aplazamiento sin fecha oficial, atribuido a la falta de integración tecnológica entre bancos, cooperativas y otras entidades, dudas jurídicas sobre quién debía consolidar y reportar la información, y la ausencia de una directriz formal de la Dian o el Ministerio de Hacienda. A mayo de 2026, el esquema antiguo de la cuenta marcada sigue vigente.

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