Asofondos asegura que los aportes de afiliados trasladados superan el costo de las pensiones, mientras el Gobierno insiste en el giro.
Mientras el Consejo de Estado mantiene suspendido el traslado de cerca de $20 billones del ahorro pensional, el foco ahora se traslada a los $5 billones restantes que aún deberían girarse a Colpensiones, en medio de al menos 12 demandas que buscan frenar también ese movimiento.
El giro hace parte del Decreto 415 de 2026, que originalmente ordenaba trasladar hasta $25 billones desde las AFP al régimen público. Sin embargo, tras la medida cautelar del alto tribunal, solo quedó vigente el traslado asociado a afiliados que ya consolidaron su derecho pensional.
Según explicó el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, ese giro —estimado en unos $5 billones— debía ejecutarse en un plazo de ocho días con el argumento de financiar las mesadas de los pensionados trasladados al sistema público.
No obstante, Velasco sostiene que los números no justifican ese traslado. De acuerdo con el gremio, el pago anual de esas pensiones ronda los $450.000 millones, mientras que los afiliados trasladados aportan cerca de $600.000 millones al año, lo que —según su lectura— cubre ampliamente esas obligaciones.
“El sistema tiene cómo responder sin necesidad de trasladar esos recursos”, es la tesis que ha venido defendiendo el sector privado, que además insiste en que la Ley 2381 de 2024 ordena que estos ahorros se mantengan como reservas para financiar pensiones futuras.
Así, las 12 demandas que cursan en el Consejo de Estado buscan extender la suspensión a la totalidad del decreto, incluyendo los $5 billones aún vigentes, lo que escalaría el pulso jurídico entre el Gobierno y las administradoras privadas.
El tribunal deberá decidir si mantiene ese último tramo del traslado o si suspende completamente la medida mientras avanza el análisis de fondo, en un debate que combina sostenibilidad fiscal, reglas del sistema y control sobre los recursos pensionales.