Un grupo de cuatro miembros defendía nuevas alzas por el repunte inflacionario y otro advertía efectos sobre crecimiento y revaluación, en medio de tensiones políticas y electorales.
La decisión del Banco de la República de mantener la tasa de interés en 11,25% dejó al descubierto las profundas diferencias dentro de la Junta Directiva sobre el rumbo de la política monetaria, la inflación y el impacto de las tensiones fiscales y externas sobre la economía colombiana.
Las minutas de la reunión revelaron que, aunque la decisión fue unánime, persistieron visiones opuestas entre quienes consideran necesario seguir endureciendo la política monetaria y quienes creen que las presiones inflacionarias responden principalmente a choques de oferta sobre los que las tasas tienen efectos limitados.
La Junta explicó que mantener estable la tasa buscó enviar “un mensaje de consenso y respeto” entre sus miembros, evitando que las decisiones del Banco fueran interpretadas como parte del proceso electoral. También señaló que la pausa permite ganar tiempo para evaluar el impacto de los aumentos de 200 puntos básicos realizados en enero y marzo.
El grupo de cuatro codirectores que favorecía un nuevo incremento expresó preocupación por el repunte de la inflación y sus expectativas. Recordaron que la inflación básica pasó de 4,9% a 5,8% entre noviembre y marzo, mientras que las expectativas de inflación para finales de 2026 subieron de 4,4% a 6,3%. A su juicio, esto refleja riesgos de persistencia inflacionaria y posibles efectos de segunda ronda.
Además, señalaron que las presiones no provienen únicamente de choques externos, sino también de factores internos como el elevado déficit primario del Gobierno y los incrementos reales del salario mínimo, que ya estarían trasladándose a precios, especialmente en servicios. También alertaron sobre riesgos derivados del fenómeno de El Niño y del conflicto en Medio Oriente, que podrían elevar los costos de energía, fertilizantes y alimentos.
Sin embargo, dos codirectores (el ministro Germán Ávila y César Giraldo) defendieron una postura más relajada. Consideraron que la inflación reciente responde sobre todo a factores climáticos, geopolíticos e indexación, y advirtieron que nuevos aumentos profundizarían la apreciación del peso, afectarían al sector exportador y terminarían desincentivando el crecimiento económico.
Estos miembros también cuestionaron el uso de las expectativas de inflación como guía automática de política monetaria, al advertir que pueden estar influenciadas por factores financieros y cambiarios más que por dinámicas reales de demanda.
Otro integrante de la Junta (Laura Moisá) planteó una visión más estructural, al señalar que fenómenos climáticos y tensiones geopolíticas están transformando el comportamiento global de la inflación y obligan a repensar la relación entre estabilidad de precios, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.
La próxima decisión de la Junta se tomará el 30 de junio, después de la primera vuelta presidencial, en un contexto donde el mercado seguirá atento a la evolución de la inflación, el dólar y las tensiones entre el Gobierno y el Emisor.