El Gobierno sostiene que Colpensiones no puede asumir obligaciones pensionales sin recibir los ahorros destinados a financiarlas.
El Gobierno advirtió que la decisión del Consejo de Estado de suspender completamente el Decreto 415 de 2026 pone en riesgo el pago de obligaciones pensionales de afiliados trasladados a Colpensiones.
En un comunicado conjunto, los ministerios de Hacienda y Trabajo y Colpensiones señalaron que la medida cautelar tiene un “grave impacto” sobre la sostenibilidad del sistema pensional, al impedir el traslado de recursos de ciudadanos que se acogieron a la ventana excepcional de traslado prevista en la Ley 2381 de 2024.
La decisión judicial dejó suspendido el traslado de hasta $25 billones desde las AFP al régimen público. Inicialmente, el Consejo de Estado había frenado cerca de $20 billones y posteriormente extendió la medida cautelar al resto de los recursos contemplados en el decreto.
El Gobierno sostuvo que la suspensión “bloquea” el sistema, pues obliga a Colpensiones a asumir obligaciones pensionales sin recibir los recursos destinados a financiarlas.
En el documento, el Ejecutivo recordó que la reforma pensional permanece suspendida por decisión de la Corte Constitucional y argumentó que, en consecuencia, el marco jurídico vigente sigue siendo la Ley 100 de 1993, que prohíbe la permanencia simultánea en dos regímenes pensionales.
“No resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora, pero que los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en una administradora privada”, afirmó el comunicado.
El Gobierno insistió en que los recursos continúan teniendo destinación exclusiva a la seguridad social y aseguró que la suspensión total del decreto genera un riesgo mayor para los afiliados que el que se buscaba evitar con la medida cautelar.
Sin embargo, Asofondos sostiene que esos recursos deben permanecer en las cuentas individuales de ahorro, tal como -según el gremio- lo establece la Ley 2381 y la reglamentación previa expedida por el propio Gobierno.
El gremio también ha argumentado que el pago anual de las pensiones de afiliados trasladados ronda los $450.000 millones, mientras que los aportes de esos mismos cotizantes superan los $600.000 millones al año, por lo que considera que el sistema ya cuenta con recursos suficientes para responder por esas obligaciones.