ACP, Naturgas, Campetrol, ACGGP, Acipet y Aciem alertaron por la caída de reservas, producción e inversión, y propusieron nuevos contratos de exploración y desarrollo de yacimientos no convencionales.
Los principales gremios del sector de hidrocarburos lanzaron una alerta sobre la seguridad energética del país y pidieron un cambio de rumbo en la política pública para reactivar la exploración y producción de petróleo y gas en Colombia.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet) y la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) presentaron el documento técnico Hidrocarburos para el desarrollo de Colombia, en el que plantean recomendaciones de política pública para el próximo gobierno.
El documento advierte que el país enfrenta crecientes riesgos de abastecimiento energético. Según los gremios, Colombia cuenta actualmente con 7,2 años de reservas probadas de petróleo y 5,9 años de gas. Además, en 2025 la producción de gas cayó 17,1% y la de petróleo 3,4%, mientras las importaciones ya representan el 25% del gas comercializado en el país.
A esto se suma una fuerte caída de la inversión exploratoria. Entre 2022 y 2025, la inversión destinada a exploración se redujo 42%, en un contexto en el que países de la región como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela avanzan en nuevos contratos y apertura a capital energético.
Los gremios también alertaron por los problemas de orden público y conflictividad social alrededor de la infraestructura energética. En 2025 se registraron 1.363 bloqueos a operaciones, más de 580 atentados a oleoductos y 1.078 conexiones ilícitas, hechos que, según el análisis, afectan la viabilidad operativa, la inversión y el abastecimiento energético.
Entre las principales propuestas, el sector pidió reactivar la exploración y producción mediante la asignación de nuevas áreas y la firma de contratos con seguridad jurídica, además de incentivar la exploración en contratos existentes. También propuso una política tributaria “estable y competitiva”, agilizar licenciamientos ambientales y consultas previas, y fortalecer la protección de infraestructura crítica.
El documento incluye además un respaldo explícito al desarrollo de yacimientos no convencionales. Según los gremios, el potencial de shale gas y shale oil en el Valle Medio del Magdalena podría duplicar las reservas de petróleo y aumentar significativamente las de gas, reduciendo la dependencia futura de importaciones.
Las organizaciones también propusieron impulsar proyectos de recobro mejorado, producción incremental y tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCUS), así como priorizar regiones gasíferas estratégicas como Sinú-San Jacinto, Valle Inferior del Magdalena, Piedemonte Llanero y La Guajira.