El originador de la IP Conexión Centro afirmó que el proyecto no es una continuidad de Autopistas del Café y contempla inversiones cercanas a $7 billones, nuevas dobles calzadas y ajustes en peajes y tarifas.
Odinsa Vías, originador de la Iniciativa Privada (IP) Conexión Centro, fijó posición frente a las versiones sobre un eventual rechazo del proyecto por parte del Gobierno Nacional y advirtió que una decisión anticipada podría afectar la seguridad jurídica y la planeación de largo plazo en infraestructura.
La filial de Grupo Argos aseguró que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación oficial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad encargada de evaluar la propuesta, sobre una eventual negativa a la iniciativa.
El pronunciamiento se produjo luego de declaraciones conocidas en medios de comunicación y en actas de mesas de concertación instaladas con manifestantes en peajes del Eje Cafetero.
Odinsa sostuvo que Conexión Centro no corresponde a una prórroga de Autopistas del Café, sino a un nuevo proyecto bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), enfocado en el mejoramiento y construcción de corredores entre Armenia, Pereira, Manizales y Calarcá-La Paila.
La iniciativa contempla cerca de 77 kilómetros de nuevas dobles calzadas, puentes, viaductos e intersecciones, además de inversiones sociales y ambientales. Según la empresa, el proyecto requeriría inversiones cercanas a $7 billones y podría generar más de 54.000 empleos directos e indirectos en la región.
La compañía afirmó además que la propuesta fue ajustada tras procesos de socialización con comunidades y actores regionales, incorporando obras adicionales, reducción de casetas y nuevos esquemas tarifarios diferenciales.
Odinsa también cuestionó que el debate actual sobre el futuro del proyecto se esté desarrollando en medio de protestas y bloqueos en peajes del Eje Cafetero. A su juicio, las mesas instaladas “bajo presiones de vías de hecho” no representan a todos los actores de los cuatro departamentos involucrados.
“El rechazo de la iniciativa antes de culminar su evaluación integral podría sustituir el análisis técnico, jurídico, financiero y social por una decisión coyuntural en un contexto político”, señaló la compañía.
Actualmente, la ANI adelanta la evaluación de factibilidad del proyecto mediante un experto independiente, dentro del proceso previsto en la Ley APP. Odinsa insistió en que cualquier decisión debe estar sustentada en estudios técnicos, análisis jurídicos y evaluación de impactos fiscales y contractuales.