El ente de control solicitó a la ANI estudios técnicos y financieros sobre una eventual reducción de tarifas en la concesión Armenia–Pereira–Manizales y advirtió riesgos para el equilibrio financiero del contrato.
La Contraloría General de la República (CGN) elevó un nuevo requerimiento a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que entregue información detallada sobre el futuro de la concesión vial Armenia-Pereira-Manizales, en medio del debate sobre peajes y una eventual modificación del contrato antes de su vencimiento en 2027.
El ente de control pidió a la ANI precisar si actualmente estudia una terminación anticipada de la concesión y solicitó información técnica, jurídica y financiera sobre posibles compensaciones al operador en caso de adoptarse una decisión de ese tipo.
La actuación de la Contraloría ocurre luego de versiones sobre una eventual reducción de tarifas para vehículos de categorías 1, 2 y 3 en algunos peajes del corredor vial del Eje Cafetero, y solicitó explicar cuál sería la fuente de recursos para compensar al concesionario por el menor recaudo.
“Reiteramos la alerta por posibles riesgos fiscales derivados de decisiones que afecten el equilibrio financiero de la concesión”, señaló la Contraloría en su comunicación.
En una respuesta previa enviada al organismo de control, la ANI había indicado que actualmente adelanta comités, visitas y mesas de trabajo con el concesionario y la interventoría para el seguimiento del contrato y el inicio de los procedimientos de reversión, terminación y liquidación previstos en el contrato de concesión.
Sin embargo, la Agencia también precisó que, hasta el momento, “no se tiene determinado reconocimientos o compensaciones que habría que pagar al concesionario, por una eventual decisión de terminar de manera anticipada el contrato”.
La ANI recordó además que la etapa de operación y mantenimiento y el proceso de reversión de la concesión están proyectados para finalizar el 1 de febrero de 2027.
Ante ello, la Contraloría pidió un informe detallado sobre el estado financiero actual del contrato, incluyendo posibles pagos pendientes relacionados con compensaciones, obras complementarias o ingresos mínimos garantizados.
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