El alto tribunal consideró que exigir la presencia del ministro de Hacienda para sesionar vulnera la autonomía del Banco de la República y permite al Gobierno frenar decisiones mediante la inasistencia.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el aparte de una norma que impedía a la Junta Directiva del Banco de la República sesionar sin la presencia del ministro de Hacienda, al considerar que esa exigencia vulnera la autonomía e independencia constitucional del Emisor.
La decisión fue adoptada por la Sección Primera del alto tribunal dentro de una demanda contra el artículo 35 del Decreto 2520 de 1993, que establecía que para deliberar y decidir debían asistir al menos cinco miembros de la junta, “uno de los cuales deberá ser el Ministro de Hacienda y Crédito Público”.
Según el Consejo de Estado, esa condición permitía que la ausencia del ministro terminara bloqueando el funcionamiento de la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país. En su análisis preliminar, concluyó que las funciones del Banco “no pueden estar sometidas a que la inasistencia del ministro de Hacienda y Crédito Público impida su ejercicio”, pues ello afecta la autonomía funcional y de gestión del Banco Central.
El tribunal también advirtió que la Constitución y la Ley 31 de 1992 sí establecen que el ministro de Hacienda debe presidir la junta, pero no exigen su presencia obligatoria para que esta pueda sesionar y tomar decisiones.
La demanda fue presentada luego de la tensión surgida entre el Gobierno y la Junta Directiva del Banco de la República por las decisiones sobre tasas de interés. En el expediente se recuerda que el 31 de marzo el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, abandonó una sesión por desacuerdos con el alza de 100 puntos básicos en la tasa de intervención a 11,25%, y anunció que no asistiría a futuras reuniones bajo las mismas condiciones.
Aunque la decisión judicial no tendría efectos prácticos inmediatos sobre la reunión de esta semana – en la que la junta NO tomará decisiones sobre su tasa de intervención– sí cobra relevancia de cara a junio, cuando el mercado anticipa nuevas discusiones sobre tasas tras conocerse el resultado de la primera vuelta presidencial.
De acuerdo con la más reciente encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, los analistas esperan que la tasa de intervención suba a 11,75% en junio y a 12% en agosto. Para diciembre de 2026, el consenso proyecta una tasa de 12,25%, superior al 12% estimado previamente.