Destrabar la expansión eléctrica será una gran prueba de gobernabilidad del próximo presidente

Quien asuma la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026 tendrá que enfrentar desde el primer día una tarea que no admite períodos de aprendizaje ni largos procesos de concertación, pues destrabar la expansión eléctrica del país será su primera gran prueba de gobernabilidad. Para superarla deberá coordinar entidades, acelerar decisiones administrativas, recuperar la capacidad técnica de organismos como la CREG y la UPME, impulsar proyectos represados, garantizar el cumplimiento de cronogramas y ponerse al día con las obligaciones financieras acumuladas con el sector, toda vez que de ello dependerá que Colombia llegue a 2027 con capacidad suficiente para atender la demanda y evitar un escenario de déficit que, a medida que pase el tiempo, resultará cada vez más difícil y costoso de corregir.

El próximo presidente de Colombia recibirá un sistema eléctrico con déficit declarado de energía firme, obligaciones financieras acumuladas con el sector superiores a 9,2 billones de pesos, según Andesco, y un atraso significativo en la entrada de nuevos proyectos de generación.

El déficit que enfrenta el sistema es la consecuencia de una brecha que se ha venido ampliando durante varios años entre el crecimiento de la demanda y la velocidad con la que logra incorporarse nueva oferta. Entre 2015 y 2025 el consumo nacional aumentó de 64 a 84,4 teravatios-hora y, conforme con las proyecciones de la UPME, podría ubicarse entre 105 y 115 teravatios-hora hacia 2030; aun así, la entrada efectiva de nueva capacidad ha permanecido sistemáticamente por debajo de lo requerido para acompañar esa expansión.

El resultado de esa divergencia comienza a reflejarse en los balances oficiales del sector, donde XM proyecta un déficit de energía firme de 2,3% para 2026 y de 4,4% para 2027.

Lo llamativo es que la magnitud de ese déficit resulta relativamente pequeña frente a la capacidad que permanece detenida. El faltante de energía firme estimado por las autoridades equivale aproximadamente a una planta de 450 megavatios operando de manera continua, mientras que solo los proyectos represados por retrasos en transmisión suman 10,2 gigavatios, conforme lo reporta XM. Dicho de otra manera, la capacidad actualmente atrapada por ese único factor supera ampliamente la brecha proyectada para los próximos años. Más aún, esa comparación ni siquiera incorpora los proyectos retrasados específicamente por dificultades de financiación, licenciamiento ambiental, consultas previas, permisos, contratación y ejecución de obras.

La situación es aún más delicada porque el déficit coincide con la creciente probabilidad de un nuevo episodio de El Niño y aunque un déficit de energía firme no implica necesariamente un apagón, sí reduce la capacidad del sistema para responder a fallas en infraestructura crítica, indisponibilidades de generación o condiciones hidrológicas adversas.

Según la NOAA, existe una probabilidad del 82% de desarrollo de El Niño entre mayo y julio de 2026 y del 96% entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, con posibilidad de alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte. El fenómeno estará activo los primeros meses del próximo gobierno y coincidirá con el período en que los embalses suelen enfrentar mayores presiones sobre sus niveles de almacenamiento. Con un margen de energía firme más estrecho, cualquier desviación relevante frente a las condiciones esperadas tendría consecuencias más difíciles de gestionar.

En generación, el principal desafío está en lograr que los proyectos ya identificados completen su desarrollo y entren oportunamente en operación. Más de 1 gigavatio se encuentra listo para iniciar construcción, aunque sigue pendiente de cierres financieros, contratación EPC (ingeniería, compras y construcción), ajustes ambientales y autorizaciones finales, al tiempo que detrás aparecen otros 5,8 gigavatios en desarrollo y cerca de 1,4 gigavatios que permanecen en estado de espera, de acuerdo con el Balance Renovable 2026 de SER Colombia; una situación que adquiere mayor relevancia al considerar que los proyectos renovables tardan entre tres y siete años en entrar en operación y que cerca del 70% de ese tiempo se consume en trámites, a lo que se suman más de 300 gestiones pendientes, incluidos proyectos de transmisión, con demoras que en algunos casos se acercan a los 2.000 días, según reporta ese mismo gremio.

Lo que encontrará el presidente venidero serán licencias sin resolver, consultas previas abiertas, puntos de conexión pendientes y expedientes que continúan recorriendo entidades sin una decisión definitiva, de manera que, al tiempo que esos procesos avanzan a ese ritmo, miles de megavatios permanecen represados y el sistema sigue acumulando déficit proyectado. Buena parte de la tarea, por consiguiente, consistirá en lograr que la ANLA, el Ministerio del Interior, la UPME, los operadores de red y las autoridades territoriales respondan dentro de cronogramas compatibles con las necesidades del sector, aceleren decisiones pendientes y permitan que los proyectos alcancen los cierres financieros que todavía les faltan, 

En transmisión, la situación es todavía más delicada porque una planta puede estar terminada y aun así no entregar un solo kilovatio-hora si la red necesaria para conectarla no existe. Los 10,2 gigavatios de generación condicionados por obras de transmisión pendientes muestran que una parte importante de la expansión eléctrica colombiana permanece detenida en líneas, subestaciones, consultas previas, servidumbres, licencias y procesos de gestión territorial, por lo que el próximo gobierno tendrá que asumir una labor de gerencia permanente sobre proyectos críticos, priorizando obras estratégicas, revisando interventorías, removiendo obstáculos prediales y coordinando entidades que operan con cronogramas distintos.

Esto implica alinear al Ministerio del Interior con los procesos de consulta previa, a la ANLA con los tiempos que exige la expansión energética, a la UPME con el seguimiento de los proyectos y a los transportadores con metas verificables de ejecución, dado que la transmisión dejó de ser un asunto técnico de segundo nivel y pasó a convertirse en el punto donde se decide si los megavatios que el país ya identificó entran efectivamente al sistema o permanecen bloqueados detrás de una infraestructura que sigue llegando tarde.

El próximo presidente tendrá que imponer una disciplina de ejecución que el Estado no ha tenido, para lo cual será indispensable contar con responsables identificados, fechas máximas, alertas tempranas, priorización de proyectos críticos y una mesa interinstitucional que no sea decorativa. Si cada entidad sigue contestando a su propio ritmo, la expansión seguirá llegando tarde, aunque el capital exista.

Resolver los retrasos en generación y transmisión será apenas una parte de la tarea, porque la expansión eléctrica que necesita Colombia depende cada vez más de la capacidad para almacenar, respaldar y entregar energía cuando las condiciones hidrológicas, climáticas o de demanda así lo exijan. A medida que aumenta la participación de fuentes renovables como la solar y la eólica, el sistema requiere mecanismos capaces de almacenar energía cuando existe abundancia y entregarla cuando las condiciones de generación cambian, aunque buena parte de la regulación necesaria para que esas inversiones despeguen sigue pendiente o avanza con lentitud, de manera que el almacenamiento con baterías, el cargo por confiabilidad, la contratación de largo plazo, la autogeneración remota y la asignación de puntos de conexión forman parte de una agenda que el gobernante entrante tendrá que cerrar si pretende que la transición energética venga acompañada de confiabilidad, puesto que la diferencia entre contar o no con almacenamiento dejará de medirse únicamente en megavatios instalados y comenzará a reflejarse en la capacidad del sistema para responder con flexibilidad frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes y extremos.

La misma lógica aplica para el gas natural, cuyo papel será cada vez más importante para sostener la confiabilidad eléctrica cuando disminuya la generación hidráulica. Actualmente el país ya depende de manera creciente del gas importado para cubrir la demanda y respaldar las plantas térmicas, en un contexto en el que los déficits proyectados de gas podrían alcanzar cerca de 39% en 2026 y 58% en 2027, en cifras de distintos análisis sectoriales. Al mismo tiempo, las importaciones han pasado de representar apenas unos puntos porcentuales de la demanda hace pocos años a niveles cercanos a una cuarta parte del consumo nacional, a la vez que los precios internacionales del GNL han mostrado fuertes aumentos y continúan expuestos a la volatilidad geopolítica y climática. Esto significa que la seguridad eléctrica dependerá cada vez más de decisiones relacionadas con contratación de gas, capacidad de regasificación, transporte e importaciones oportunas. Cuando los embalses bajan, el margen de error se reduce y el combustible que no se aseguró con anticipación suele ser más difícil y mucho más costoso de conseguir.

La expansión eléctrica también enfrenta una restricción financiera porque una parte importante de las empresas llamadas a invertir en generación, transmisión, almacenamiento y respaldo del sistema sigue esperando recursos que dependen del propio Estado. El siguiente jefe de Estado recibirá obligaciones pendientes con el sector superiores a 9,2 billones de pesos, asociadas a subsidios, opción tarifaria, compromisos oficiales y el caso Air-e. En esas condiciones, la discusión deja de limitarse a las finanzas públicas y pasa a involucrar directamente la capacidad de ejecutar las inversiones que el sistema necesita, ya que la liquidez de las empresas, el acceso al financiamiento y el costo del capital también dependen de la certeza sobre el pago de esas obligaciones. Por esa razón, una de las primeras decisiones del próximo gobierno será definir una ruta creíble de normalización mediante los instrumentos financieros y fiscales disponibles, dado que una parte de la expansión eléctrica dependerá de la confianza que genere la capacidad del Estado para honrar oportunamente los compromisos que ha adquirido.

La oportunidad que tendrá la próxima administración es tan grande como la responsabilidad que recibirá. Colombia necesitará inversiones cercanas a 122.000 millones de dólares entre 2024 y 2054, equivalentes a unos 4.000 millones de dólares por año, de acuerdo con la hoja de ruta para la transición energética desarrollada por la Agencia Internacional de Energía (IEA) para el país. Alcanzar esa escala de inversión exigiría un esfuerzo considerable en cualquier circunstancia, aunque la coyuntura internacional resulta favorable, pues la IEA estima en su informe World Energy Investment 2026 que la inversión energética mundial alcanzará 3,4 billones de dólares este año, de los cuales cerca de 2,2 billones se dirigirán a redes, almacenamiento, electrificación, energías renovables y demás tecnologías de bajas emisiones. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que las mayores dificultades han surgido al momento de transformar oportunidades de inversión en infraestructura operando efectivamente, como lo evidencia el hecho de que de los 2.171 megavatios adjudicados en las subastas de 2019 y 2021 apenas 448 megavatios se encontraban en operación en abril de 2026. Bajo estas circunstancias, la primera gran prueba de gobernabilidad del próximo presidente estará asociada a la capacidad del Estado colombiano para coordinar instituciones, ejecutar decisiones y convertir proyectos identificados, recursos disponibles e inversiones potenciales en energía efectivamente incorporada al sistema antes de que los déficits proyectados terminen convirtiéndose en restricciones reales para el crecimiento económico del país.

Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial. 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia

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