Las exportaciones de aceite de palma crecieron más de 37% entre enero y abril, pero el sector enfrenta amenazas por la llegada del fenómeno de El Niño y el deterioro de la seguridad en las regiones productoras.
Neyla Lasso perdió a su esposo, fue desplazada por la violencia y tuvo que empezar de nuevo en el Catatumbo. Hace más de dos décadas encontró en un programa de sustitución de cultivos una oportunidad para reconstruir su vida. Hoy tiene un cultivo de palma de 10 hectáreas, una hija ingeniera agrónoma, otra próxima a graduarse de contaduría pública y una casa que logró construir gracias a su trabajo en el campo.
“La palma nos dio estabilidad y una forma digna de vivir del campo. Por eso creo que es una de las mejores alternativas frente a los cultivos ilícitos”, afirma.
Su historia resume una apuesta ambiciosa: demostrar que actividades productivas legales pueden abrir oportunidades en regiones donde durante años la coca, los grupos armados y el abandono estatal marcaron el rumbo de miles de familias.
En Tibú, uno de los municipios más golpeados por el conflicto y hoy uno de los mayores productores de palma del país, más de 1.700 productores cultivan alrededor de 22 hectáreas en promedio, según Fedepalma. El municipio se convirtió en el segundo con mayor área sembrada de palma en Colombia.
Allí también trabaja otra productora que prefiere recordar primero a su padre, víctima de la violencia. Desde 2006 encontró en la palmicultura una forma de construir estabilidad económica para su familia. Hoy administra 10 hectáreas, mientras su madre tiene otras 15, y participa en una organización que agrupa a productores de la región.
Lidera además un fondo de empleados que beneficia a cerca de 600 trabajadores vinculados a unas 30 empresas del sector en el Catatumbo.
“Nos han arrebatado hermanos, tíos y amigos. Una forma de sobrevivir ha sido mantenernos neutrales”, afirma. Aun así, considera que el mayor desafío sigue siendo la falta de presencia estatal. “Necesitamos vías y seguridad”.
La actividad también ha transformado la vida de productores en otras regiones del país. En El Retén, Magdalena, Liliana Patricia García consolidó su propia finca después de más de dos décadas de trabajo en el sector. En 2021 decidió renovar sus cultivos tras la llegada de la pudrición del cogollo y apostó por híbridos OxG y prácticas sostenibles con apoyo técnico de Fedepalma y Cenipalma.
Hoy participa en programas de sostenibilidad y trabaja para obtener la certificación APSColombia, mientras involucra a su hijo Tomás, de 12 años, en el negocio familiar. “Con la palma puedo salir adelante con mi familia, pagar estudios y dejarles un legado”, asegura.
Las historias de estas mujeres reflejan una realidad que preocupa cada vez más al sector. Según el gremio, el 80% de los municipios palmeros registran afectaciones de seguridad en lo corrido de 2026, frente al 65% observado durante 2025.
Paradójicamente, este deterioro de las condiciones de seguridad coincide con uno de los mejores momentos productivos de la agroindustria.
De acuerdo con cifras de Fedepalma, Colombia produjo en 2025 un récord histórico de 1,93 millones de toneladas de aceite de palma crudo, un crecimiento de 12% frente al año anterior. El cultivo alcanzó además 641.000 hectáreas sembradas y se consolidó como el segundo cultivo agrícola más importante del país.
Las exportaciones sumaron US$1.074 millones en 2025, convirtiendo a la palma en el quinto renglón agroexportador colombiano. Entre enero y abril de 2026, los despachos al exterior crecieron más de 37%, impulsados por una mayor producción y una demanda internacional favorable.
Para Nicolás Pérez Marulanda, presidente ejecutivo de Fedepalma, las cifras muestran que el crecimiento del sector es estructural y no coyuntural.
La federación proyecta que este año la producción supere por primera vez los dos millones de toneladas de aceite de palma, un hito para una actividad presente en 172 municipios y 21 departamentos, que genera más de 260.000 empleos entre directos e indirectos.
Pero el optimismo convive con señales de alerta. El gremio advierte que la llegada de un fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre podría afectar la productividad. También identifica riesgos asociados a la inseguridad rural, los problemas logísticos y la necesidad de renovar miles de hectáreas envejecidas.
En los próximos cinco años, el sector estima que deberá renovar hasta 141.000 hectáreas, una inversión cercana a $4 billones.
Para productores como Neyla, sin embargo, los desafíos no cambian la esencia de la apuesta.
Después de más de veinte años vinculada a la palma, se prepara para renovar sus primeras siembras. Lo ve como una inversión en el futuro de su familia y de una región donde la legalidad todavía compite con la violencia.
Su historia, como la de cientos de pequeños productores del Catatumbo, muestra cómo este cultivo se ha convertido en una fuente de ingresos para familias que durante años convivieron con la violencia y los cultivos ilícitos.