Abelardo, su propuesta ambiental (ABC) y el ambientalismo de derechas

Con Sandra Bessudo a la cabeza, Abelardo de la Espriella lanzó su agenda ambiental: la llamó ABC —Agua, Biodiversidad y Comunidades—. El documento que produjeron tiene 23 páginas y promete apoyar prácticamente todas las tecnologías, técnicas y modelos de negocio que hoy se entienden como más alineados con el cuidado del planeta. 

El ABC es un ejemplo clarísimo de cómo “las nuevas derechas” interpretan la cuestión ambiental. La idea fundamental se asienta en combatir la delincuencia y las economías ilegales. El razonamiento es atractivo porque es simple, directo y se apalanca en el rechazo a un grupo que es percibido como “enemigo”: los bandidos.

Hoy los grupos armados controlan economías ilegales de minería que envenenan nuestros ríos con mercurio, y son las disidencias quienes deciden cuánto se deforesta en la Amazonía. Eso tiene que cambiar, y un Estado que recupere el monopolio de la fuerza es imprescindible para lograrlo. Pero quedarse ahí es contar media historia. Esos grupos llegaron a controlar esas economías por décadas de abandono estatal y un modelo que volvió más rentables las economías extractivas que cualquier alternativa legal. Presentar el problema ambiental únicamente como un asunto de delincuencia es una caricatura que aleja a la mayoría de la población de un entendimiento integral de la relación entre seres humanos, planeta y economía.

Abelardo ha hecho de la reducción del Estado una de sus banderas centrales. No se puede llevar el Estado a cada vereda de la Amazonía con programas sociales y ambientales como se necesita y al mismo tiempo desmantelarlo. La contradicción es neurálgica, porque los conflictos socioambientales se resuelven cuando el Estado financia y acompaña alternativas reales en los territorios. Las fuerzas de mercado no lo hacen solas; la historia de Colombia lo ha demostrado una y otra vez.

Ahora bien, lo más preocupante (si lo miramos desde lo ambiental) de un gobierno de Abelardo de la Espriella es que tiene una visión de sociedad en donde lo ambiental es interpretado únicamente como útil en la medida de que permita competitividad económica. Su insistencia en el fracking lo deja más claro que nunca: el deterioro de nuestro ambiente es relegado a la competitividad económica (algunos hablan de “soberanía”) de la nación. El programa ABC dice “Proponemos pasar de un ambientalismo restrictivo y declarativo a un ambientalismo productivo y regenerativo, donde la protección del agua, los bosques y la biodiversidad se convierta en motor de crecimiento económico”. El cuidado del ambiente no puede siempre estar en sincronía con un modelo productivo desarrollista y menos el que hemos transitado en los países del sur que nos hemos visto relegados a ser los exportadores de materias primas. Mientras Abelardo se queja de los indígenas y de su inconveniencia frente a las pretensiones económicas de su mandato, éstos han llevado históricamente un mensaje que puede interpretarse en clave de política pública: el ambiente debe ser protegido sin importar su utilidad para el sistema económico; la diferencia entre sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil dirían algunos. 

El ABC promete apoyar biotecnología, genética, biomateriales, cosmética, farmacéutica, alimentos funcionales, biomasa, biogás, biocombustibles, geotermia, solar, eólica, hídrica, combustibles sostenibles para aviación, ecodiseño, palma certificada, agroforestería, turismo de naturaleza, y mercados de carbono, de biodiversidad, de agua, de plástico, además de bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y un parafiscal verde. La lista es interminable,pero brilla por su falta de jerarquías y metas numéricas. 

La fe ciega en la desregulación del sector privado como motor del bienestar tiene una consecuencia concreta en las reglas del juego. A través de un “Plan Destrabe Ambiental”, el programa promete agilizar permisos y consultas previas con “plazos máximos claros”. El documento insiste en que no bajará los estándares, y en el papel mantiene la participación y la veeduría comunitaria. Pero la tensión es evidente entre ese discurso y la promesa pública del candidato de que, como dice Abelardo “ninguna comunidad a la brava porque sí me va a parar ningún proyecto”.  Un sector privado al que se le retiran trabas siempre elegirá lo más rentable, incluso si eso significa degradar el territorio: esa ha sido la historia del sistema capitalista, y la de Colombia también.

Hay un concepto que para cualquier ambientalista es nuclear y que en esta visión brilla por su ausencia: el del límite. Límites a la extracción, a la capacidad de asimilación de los ecosistemas, a las tasas reproductivas de las especies; la realidad inevitable de tener que adaptar nuestra economía a los ciclos, lentos e inciertos, de aquello que la tierra ofrece para vivir. Un sistema de gobernanza que pone como prioridad el apoyo al sector privado para incentivar el crecimiento elegirá, mil y una veces, desoír los hallazgos de la ciencia antes que frenar la ampliación del aparato productivo.

De las pocas políticas verdaderamente precisas que ofrece el programa hay una que merece atención técnica, porque condensa toda su filosofía: rescatar el mercado voluntario de carbono (MVC) restableciendo la no causación del impuesto al carbono al 100%.

Desde que la reforma tributaria de 2022 redujo ese beneficio al 50%, la demanda voluntaria se contrajo, y con una sobreoferta que a cierre de 2025 dejaba más de cien millones de créditos disponibles en el mercado nacional, muchos proyectos quedaron en el limbo. Devolver la no causación al 100% reactivaría la demanda. Pero la propuesta revela la teoría del cambio de Abelardo: que la solución ambiental se reduce a darle incentivos al sector privado para que desarrolle mercados.

El problema es doble. Por un lado, ampliar la no causación significa, en términos fácticos, que las empresas pagan menos por contaminar: se debilita justamente la señal de precio para la cual se crea un impuesto al carbono. Por el otro, drena el principal instrumento fiscal que hoy financia conservación con plata pública. En 2025, más del 90% de los recursos del Fondo para la Vida provinieron del impuesto al carbono —ese año el Fondo no recibió un solo peso del Presupuesto General de la Nación, que había aportado el 66% en 2023 y el 50% en 2024—, y de allí salieron los 65 mil millones de pesos del programa Conservar Paga que remunera a campesinos, pueblos indígenas y comunidades negras por mantener el bosque en pie en territorios de algo riesgo de deforestación. Restablecer la no causación al 100% para “fortalecer el mercado” implica vaciar la única bolsa que paga conservación pública, y más teniendo en cuenta las intenciones de Abelardo de reducir el gasto estatal.

Y del lado de la oferta, el panorama tampoco es el que se promete. El programa anuncia que fortalecerá los REDD+ y ampliará los esquemas jurisdiccionales, pero los REDD+ son precisamente el segmento más cuestionado del mercado: a cierre de 2025 representaban el 67% de los certificados emitidos en Colombia, y  literatura especializada —de Carbon Market Watch a los casos documentados en la Amazonia y la Orinoquia colombianas— ha mostrado de manera reiterada que la mayoría arrastra líneas base infladas: proyectan tasas de deforestación superiores a las oficiales para generar créditos que representan reducciones que igual habrían ocurrido. A eso se suman las fallas en salvaguardas sociales, con comunidades excluidas de proyectos que ya vendían bonos. 

Quiero ser claro para que no se me malinterprete: no estoy diciendo que todos los mecanismos de mercado deben evitarse, pueden ser útiles bajo ciertas circunstancias (como cuando se dirijen a programas jurisdiccionales). El punto es otro: el mercado de carbono funciona como complemento de una transformación estructural, no como su sustituto. 

La misma lógica —resolver lo ambiental sumando incentivos sin tocar lo estructural— reaparece, todavía más nítida, en la política energética. El programa habla de adicionalidad energética, una métrica relativa. No se trata de reducir la matriz fósil, sino de sumarle otras fuentes por encima, mientras se defienden el fracking y una minería que “genere divisas”. La consecuencia aritmética es que Colombia sería proporcionalmente menos dependiente de los fósiles mientras los emite en cantidades absolutas iguales o mayores.

Pero los impactos ambientales no entienden de proporciones. La atmósfera no contabiliza el porcentaje limpio de una matriz; contabiliza las toneladas que efectivamente se le agregan. Una economía puede mostrar con orgullo que el peso relativo de lo fósil cae año tras año y, al mismo tiempo, emitir más que nunca en términos absolutos. Evidentemente hay que mirar las condiciones específicas del país y el “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, pero sí tenemos la responsabilidad como Colombia y como humanidad, al menos, de apostar por desacoples absolutos. Iván Duque comprometió a una reducción de 51% en nuestras emisiones y eso necesita una descarbonización profunda que reduzca a nivel absoluto nuestras emisiones de origen fósil. La diferencia entre el desacople relativo —fácil y políticamente cómodo— y el desacople absoluto —difícil y el único que de verdad importa para el clima y los ecosistemas—. Si todos los países adoptaran la lógica de la adicionalidad, el agregado global sería una crisis que empeora en términos reales mientras cada contabilidad nacional, mirada de cerca, parece mejorar. Para muchos países, hoy eso es lo que está pasando. Una política que se niega a contemplar la reducción absoluta es una política que se niega a aceptar que existen límites biofísicos, y que prefiere apostar a que la tecnología y el crecimiento nos sacarán del problema que el crecimiento mismo creó. También debemos tener en cuenta que la economía fósil es cada vez menos competitiva y por lo tanto lo peligroso que es poner nuestros huevos en esa canasta a mediano plazo.

Ahora bien, los ambientalistas tenemos que ser honestos con nuestra propia contradicción: no hemos encontrado todavía sistemas capaces de sostener las cifras de bienestar que hoy tenemos —en salud, educación, reducción de la pobreza— sin depender de esas dinámicas crecimientistas. Esa será, quizás, la tarea fundamental de quienes se atrevan a imaginar nuevos mundos.

Por: Daniel Gutiérrez Patino*
*El autor es fundador de Saving The Amazon.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

Lea también: Lo que significó Santa Marta para la acción climática