La deuda neta alcanzaría 61% del PIB en 2026, el nivel más alto de la historia, mientras el CARF advierte que el escenario fiscal del Gobierno es difícil de materializar.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) lanzó una de las advertencias más severas sobre la situación de las finanzas públicas al concluir que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 presentado por el Gobierno plantea un escenario “difícil de alcanzar” y que, de no adoptarse medidas estructurales, el país podría enfrentar un escenario de estrés financiero.
En el concepto técnico remitido al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), el organismo estima que la deuda neta cerrará este año en 61% del PIB, el nivel más alto registrado hasta ahora. Esa cifra supera la proyección oficial y refleja, según el Comité, un mayor gasto público del previsto y un panorama fiscal más deteriorado que el contemplado por el Ministerio de Hacienda.
El CARF sostiene que el escenario del Gobierno descansa sobre supuestos macroeconómicos optimistas y sobre medidas de política que todavía no han sido formuladas. A su juicio, la principal diferencia frente a las proyecciones oficiales está en el gasto: estima que el funcionamiento y la inversión serán 2% del PIB (unos $39,6 billones) superiores a lo previsto por el Ministerio de Hacienda. Con ese escenario, el déficit fiscal llegaría a 7,4% del PIB, un nivel que calificó de claramente insostenible.
Para 2027, el Comité calcula que cumplir la meta oficial de balance primario requeriría un ajuste equivalente a 3,7% del PIB, mediante mayores ingresos o menores gastos. Si el próximo gobierno adopta esas medidas, la deuda neta ascendería a 62,9% del PIB. Sin embargo, si no se implementan, el balance primario llegaría a -4,3% del PIB y la deuda aumentaría hasta 66,6% del PIB, acercándose al límite de endeudamiento de 71% del PIB establecido por la Regla Fiscal.
En el mediano plazo, el organismo considera indispensable un ajuste fiscal estructural de gran magnitud. Calcula que, frente a un escenario sin nuevas medidas, el país necesitará un ajuste equivalente a 5,5% del PIB en 2028 y de 6,1% del PIB en 2030 para cumplir nuevamente la Regla Fiscal. Incluso bajo un escenario de cumplimiento, la deuda continuaría aumentando hasta 64,2% del PIB en 2030, antes de comenzar a estabilizarse.
El CARF concluye que “las medidas de ajuste fiscal estructural no dan espera” y advierte que confiar únicamente en anuncios, sin decisiones concretas, no permitirá recuperar la confianza de los mercados. También alerta que las crisis fiscales pueden materializarse de manera abrupta, con aumentos en las primas de riesgo, depreciación de la moneda y un deterioro del acceso al financiamiento, lo que terminaría imponiendo ajustes mucho más costosos para la economía y la población.