La minera anunció que apelará la decisión en Canadá y pidió al Gobierno y a la Supersociedades garantizar la continuidad del suministro de gas.
Cerro Matoso advirtió que la decisión de la Corte de Alberta (Canadá) de avalar la solicitud de Canacol Energy para terminar sus contratos de suministro de gas en Colombia podría hacer inviable su operación, al comprometer el abastecimiento del combustible que utiliza en su proceso de producción de ferroníquel.
La compañía explicó que Canacol suministra el 82% del gas natural que requiere para operar y aseguró que, en las últimas semanas, la empresa ha reducido de forma unilateral las entregas previstas en el contrato e impuesto restricciones que ponen en riesgo la continuidad de la producción.
Según Cerro Matoso, el gas natural es un insumo irremplazable para mantener en funcionamiento sus hornos y demás equipos críticos. De concretarse la terminación del contrato, la empresa tendría que detener su operación, lo que implicaría el apagado de sus dos hornos y provocaría daños estructurales que califica como irreversibles.
La minera estimó que la recuperación de cada uno de estos hornos podría tardar más de diez meses y requerir inversiones entre $550.000 millones y $730.000 millones por unidad.
La compañía señaló además que una eventual suspensión de la operación pondría en riesgo más de 2.000 empleos directos e indirectos, así como los programas sociales que benefician a unas 50.000 personas en el sur de Córdoba.
Frente a la decisión judicial, Cerro Matoso anunció que interpondrá un recurso de apelación ante la Corte canadiense dentro del plazo de 21 días establecido por la ley y acudirá a todos los mecanismos jurídicos disponibles para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de la operación.
Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional, a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que, en el marco de sus competencias, adopten las medidas necesarias para evitar la interrupción del suministro de gas. La empresa recordó que en Colombia corresponde a la Superintendencia de Sociedades evaluar si la decisión definitiva adoptada por la justicia canadiense debe producir efectos en el país.
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