Desde el final la ley de garantías, ha aumentado el ritmo de contratación, especialmente a través del mecanismo de contratación directa.
La Contraloría General de la República advirtió una aceleración en la contratación estatal durante las últimas semanas del actual gobierno. Según el organismo de control, entre el 22 de junio —cuando se levantaron las restricciones de la Ley de Garantías— y el 7 de julio se suscribieron 5.506 contratos por contratación directa por más de $300.000 millones, una dinámica que la entidad mantiene bajo seguimiento en el marco de la Función de Advertencia que viene desarrollando desde hace varios meses. Este es parte del análisis sobre el lío fiscal del Gobierno Petro.
La noticia fue dada por la contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, Yenny Lindo, en el marco de una conversación con Forbes Colombia a través de X, titulada “¿Qué tan grandes es el lío fiscal que deja el Gobierno Petro?” y que se desarrolló en la noche del miércoles 8 de julio. De esta conversación también participó el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), Juan Carlos Ramírez. Ambos invitados coincidieron en que la situación fiscal que deja el gobierno Petro es bastante compleja.
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Según Lindo, la Contraloría inició un monitoreo especial a la contratación desde el levantamiento de las restricciones electorales y aseguró que el comportamiento observado supera el registrado en el mismo período del año anterior.
“Sí estamos viendo un aceleramiento en el compromiso presupuestal”, afirmó la funcionaria y señaló que el seguimiento no solo se concentra en la contratación, sino también en el ritmo de endeudamiento del Gobierno Nacional.
Análisis de las cifras presupuestales
La advertencia se produce en un momento de estrechez fiscal. De acuerdo con la Contraloría, el presupuesto de 2026 asciende a $555 billones, de los cuales hasta mediados de año se habían recaudado $252 billones. Esto significa que aún resta por financiar cerca de $303 billones, equivalentes al 54% del presupuesto, en un contexto en el que el recaudo tributario del primer semestre se ubicó por debajo de la meta prevista.
A esa presión se suma la situación de caja del Gobierno. Según Lindo, junio cerró con disponibilidades cercanas a $18 billones, cuando el funcionamiento del Estado demanda entre $25 billones y $30 billones mensuales.
La Contraloría también advirtió sobre el ritmo de utilización del endeudamiento autorizado. Al cierre de junio, el Gobierno había comprometido cerca del 76% del cupo de deuda previsto para este año, equivalente a unos $64 billones, porcentaje superior al registrado en el mismo período del año anterior. Para la entidad, ese comportamiento reduce el margen de maniobra financiero que tendrá la administración de Abelardo de la Espriella, que asumirá el próximo 7 de agosto.
Uno de los temas que más llamó la atención es que la contralora delegada, explicó que la entidad ha detectado un listado largo de deudas pendientes por pagar en distintos sectores y que van a generar mayor presión fiscal en el primer año de administración nueva en la Casa de Nariño.
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Lindo citó los siguientes casos: el pasivo pensional en educación asciende a 10,3 billones que deben ser cancelados en el segundo semestre. Igualmente pasa con 1,2 billones de pesos para garantizar cobertura total de los programas de alimentación escolar (PAE). De otra parte, antes de un año se deberán cubrir 17 billones de pesos en contingencias judiciales. Para pagar el pasivo pensional se requieren 15 billones de pesos. En agricultura este año tenemos 1,91 billones de pesos correspondientes a 44.000 subsidios que hay que pagar porque están pendientes.
El lío fiscal del Gobierno Petro, según el Carg
Durante el mismo conversatorio, el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Juan Carlos Ramírez, coincidió en que el próximo gobierno enfrentará un escenario fiscal particularmente exigente. A su juicio, el principal desafío será corregir el desbalance entre ingresos y gastos mediante una combinación de reducción del gasto público y fortalecimiento del recaudo tributario.
Ramírez sostuvo que el deterioro no solo responde al comportamiento de los ingresos, sino también al crecimiento sostenido del gasto primario durante los últimos años y a la sobreestimación de los ingresos en ejercicios presupuestales anteriores. Agregó que la recuperación de la credibilidad fiscal será determinante para reducir el costo del endeudamiento y recuperar la confianza de los mercados.
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El economista también advirtió que la nueva administración encontrará presiones adicionales derivadas de reservas presupuestales, obligaciones pendientes en sectores como salud y pensiones, y la discusión sobre la ley de competencias del Sistema General de Participaciones, factores que limitarán aún más el espacio para realizar ajustes.
¿Golpe a la institucionalidad fiscal?
Ramírez hizo un balance sobre lo que había pasado con la institucionalidad fiscal en estos cuatro años. Según él, el Carf ha podido trabajar y lo hace exclusivamente con cifras oficiales. “Desde ese punto de vista hemos tenido acceso al 90% de toda la información esperada, lo que es bastante bastante bien; quisiéramos tener acceso al 100%, pero la relación con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, ha tenido un flujo normal. Obviamente tenemos discrepancias, pero ya todos los aspectos técnicos han funcionado bien.
No obstante, Ramírez sí fue crítico respecto de los documentos que ha emitido el gobierno. De acuerdo con su experiencia, “lo que sí se ha debilitado es los instrumentos de la planificación fiscal. Por primera vez, el año pasado tuvimos un evento como que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se plantean unos escenarios que son corregidos al mes siguiente, en la presentación del presupuesto general y son nuevamente corregidos 5 meses después en el plan financiero que se que se actualiza al comienzo del año. Entonces, esos instrumentos de planeación fiscal que venían siendo bastante consistentes entre ellos, sí perdieron consistencia, lo que da unas señales al mercado y a la operación del sector público que no son deseables”.
Tanto la Contraloría como el CARF coincidieron en que el próximo gobierno deberá actuar simultáneamente sobre los ingresos y el gasto para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para ambas entidades, las primeras decisiones que adopte la nueva administración serán determinantes para estabilizar las cuentas fiscales y restablecer la confianza en la política económica del país. Es necesario encontrar salidas al lío fiscal del Gobierno Petro.