El próximo gobierno deberá impulsar el crecimiento, corregir el déficit fiscal y recuperar la inversión con un plan creíble que combine mayor recaudo, gasto más eficiente y decisiones basadas en evidencia.
El presidente electo recibe un país con el doble del déficit fiscal que existía antes de la pandemia. La regla fiscal se rompió por la combinación de un déficit elevado y una deuda pública creciente. La causa principal es la eterna promesa incumplida: reformas tributarias que no recaudan lo que prometen, una DIAN que no logra explicar con precisión por qué no recauda más, y unos compromisos presupuestales y sociales de gasto que se contrajeron sin las leyes ni la voluntad política para financiarlos. A esto se suma que Colombia crece menos que Perú, Chile y Brasil, países comparables, y que la inversión agregada, pública y privada, está en mínimos históricos como proporción de la actividad económica.
El reto, entonces, es triple: estimular la actividad económica, controlar el déficit fiscal y responder a una población que hoy demanda más del Estado que antes. Para controlar el déficit es evidente que se deben aumentar los ingresos, reducir el gasto, o ambos. El problema es que nadie ha sabido cómo hacerlo de manera sostenida. Durante el último gobierno, con cuatro ministros de Hacienda y cuatro directores de la DIAN, las propuestas para aumentar ingresos se tradujeron en una reforma tributaria aprobada, dos leyes de financiamiento que no prosperaron, dos incrementos de autorretenciones y cambios tributarios adicionales en 2026 derivados de dos decretos de emergencia económica. En varios casos, las medidas eran contradictorias entre sí.
El próximo gobierno necesita un plan creíble, estable y medible: uno que permita saber qué beneficios tributarios eliminar y qué simplificaciones del sistema son efectivas. Para lograrlo, el Estado colombiano debería abrir la puerta a que investigadores universitarios colaboren en estos estudios; el pacto fiscal debe reconciliar las propuestas con la evidencia empírica. Una buena noticia en este frente es que la DIAN cuenta hoy con cerca de 5.000 funcionarios más que en 2022. El reto es convertir ese gasto en personal en mayor recaudo efectivo.
La otra parte de la ecuación es el gasto. Desde la pandemia, el gasto del Gobierno Nacional Central aumentó presionado principalmente por pensiones costosas que benefician a pocos colombianos, mayor gasto en salud y un crecimiento significativo en varias transferencias. Muchos de estos rubros están protegidos por ley, y reducirlos exigirá consensos políticos que no serán fáciles de construir. Sin embargo, hay una señal alentadora: el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 proyecta un gasto 1% del PIB menor al proyectado hace un año, lo que demuestra que el ejecutivo tiene margen para tomar decisiones de racionalización. El reto es hacerlo con criterio técnico. En salud, por ejemplo, no contamos con cifras certeras que permitan distinguir qué parte del gasto es despilfarro, qué parte se usa eficientemente y qué responsabilidad corresponde a cada actor del sistema. Sin esa información, cualquier recorte es a ciegas.
Si el principal actor económico del país logra estabilizar sus finanzas, las tasas de interés de la deuda pública deberían bajar, liberando recursos que hoy compiten con el sector privado. Eso debería impulsar la inversión privada, que lleva años deprimida. Pero este ajuste toma tiempo, por lo menos dos años, y eso implica pedirle a la sociedad que soporte un periodo de austeridad a cambio de una senda de crecimiento más sólida en el futuro. Ese es quizás el reto político más difícil: lograr que el ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre quienes menos tienen, y que la percepción de que el crecimiento económico mejora la vida de todos, y no solo la de algunos, sea real y verificable.
Con la combinación de estos retos bien gestionados, el objetivo de crecer más, recuperar la inversión y sanear las finanzas públicas puede convertirse en un proyecto colectivo, defendido por la mayoría de la sociedad y no dependiente del proyecto político de turno. Esa es la casa común que hay que construir.
Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
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