Durante un Space de Forbes Colombia, el presidente del Grupo Energía Bogotá presentó una hoja de ruta con diez medidas prioritarias, mientras Terpel Sunex y Klik reclamaron acelerar la regulación, el almacenamiento y la participación activa de los consumidores.
Colombia todavía está a tiempo de evitar una crisis energética, léase apagón como el de los 90, pero necesita actuar con rapidez. Ese fue el principal mensaje que dejó Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), durante un Space organizado por Forbes Colombia, en el que presentó una hoja de ruta con diez medidas prioritarias para fortalecer la seguridad energética del país y enfrentar un escenario marcado por un fenómeno de El Niño más fuerte, mayores presiones sobre la demanda y la incertidumbre sobre el suministro de gas.
A diferencia de otras advertencias más pesimistas, Ortega insistió en que el país no está condenado a un apagón, pero sí enfrenta una ventana de tiempo cada vez más estrecha para corregir retrasos en infraestructura, acelerar proyectos y fortalecer la institucionalidad del sector.
“Colombia es uno de los países más afectados por el cambio climático y el mayor desafío es la adaptación”, afirmó. A su juicio, el país deberá prepararse para una combinación de sequías más severas, temperaturas más altas y una demanda creciente de electricidad, lo que exige respuestas tanto en el sistema energético como en el diseño de las ciudades.
El directivo sostuvo que la discusión no puede limitarse a construir más plantas de generación. También debe resolverse el acceso transparente a los puntos de conexión para que entren nuevos proyectos, acelerar la infraestructura de transmisión y recuperar la confianza de los inversionistas.
Como complemento a ese diagnóstico, el Grupo Energía Bogotá entregó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, un documento con diez acciones prioritarias. Entre ellas propone garantizar la entrada de nueva energía firme, ampliar la infraestructura para importar y transportar gas natural, destrabar proyectos de infraestructura energética, modernizar la red de transmisión, ajustar el mercado de gas, fortalecer la institucionalidad del sector y blindar el gobierno corporativo de las empresas públicas.
El documento también plantea acelerar mecanismos para incorporar generación firme, crear una reserva estratégica térmica de 730 MW, poner en marcha una segunda planta de regasificación, modernizar gasoductos e impulsar programas de respuesta de la demanda e integración de recursos energéticos distribuidos.
Mauricio Ocampo, presidente de Terpel Sunex, coincidió en que el país necesita actuar con mayor rapidez. Señaló cuatro prioridades inmediatas: destrabar la asignación de puntos de conexión, cerrar la regulación para la autogeneración con almacenamiento, definir cuanto antes la remuneración de las baterías y acelerar las obras de transmisión.
“Hoy la peor energía es la que no se tiene”, afirmó. En su opinión, la combinación de generación solar distribuida y sistemas de almacenamiento permitirá a las empresas reducir su exposición a la volatilidad de los precios y aportar flexibilidad al sistema eléctrico.
Por su parte, Esteban Quintana, CEO de Klik, defendió la Respuesta a la Demanda como una de las herramientas más rápidas para fortalecer la confiabilidad del sistema. Recordó que durante el fenómeno de El Niño de 2024 este mecanismo permitió gestionar 23.000 MWh de energía y generar más de US$3 millones en ingresos para las empresas participantes, demostrando que los grandes consumidores pueden convertirse en un activo para la estabilidad del sistema.
Quintana agregó que el usuario debe pasar a ocupar el centro de la política energética. “La energía dejó de ser únicamente un costo para las empresas y hoy representa una oportunidad para aportar a la confiabilidad del sistema mientras se generan beneficios económicos”, afirmó.
Ortega también sostuvo que el debate sobre las tarifas eléctricas debe ir más allá del costo de la generación. A su juicio, durante años se responsabilizó a los generadores por el nivel de los precios, sin explicar otros factores que también inciden en la factura que pagan los usuarios.
En ese sentido, cuestionó la gestión de algunas empresas electrificadoras de propiedad pública del interior del país. Sin mencionar las compañías de la Costa Caribe, afirmó que existen casos, como el del Huila y otras regiones, en los que los altos costos responden a problemas de administración y gobierno corporativo más que al funcionamiento del mercado eléctrico.
“Aquí se necesita una discusión profunda de cómo está operando el sector para que la gente tenga la calidad de servicio y los precios que se pueden lograr si los manejos son honestos, profesionales y rinden cuentas”, concluyó.