La propuesta asciende a $575,6 billones y contempla un faltante de $30,2 billones que el Gobierno espera cubrir con una reforma tributaria y otros ingresos sujetos a aprobación del Congreso.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este miércoles ante el Congreso el último proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) de su administración. La iniciativa propone un gasto de $575,6 billones para 2027, equivalente al 27,0% del Producto Interno Bruto (PIB), e incorpora $30,2 billones en recursos cuya financiación dependerá de futuras decisiones legislativas.

El monto representa una reducción de $21,4 billones frente al anteproyecto presentado por el Ministerio de Hacienda en abril. Además, disminuye el peso del presupuesto sobre la economía al pasar del 27,5% del PIB, correspondiente al presupuesto vigente a junio de 2026, al 27,0% del PIB previsto para el próximo año.

Según el Ministerio de Hacienda, la propuesta fue elaborada con base en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 y mantiene la senda de consolidación fiscal planteada por el Gobierno, que contempla el retorno pleno al cumplimiento de la regla fiscal a partir de 2028. La cartera asegura que el proyecto prioriza el gasto social, en línea con los mandatos constitucionales, y busca preservar la estabilidad macroeconómica.

Un presupuesto con menor peso sobre la economía

Del total del presupuesto, $545,1 billones corresponderían a recursos de la Nación y $30,5 billones a ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales. A su vez, $308,9 billones provendrían de ingresos tributarios y $905.000 millones de ingresos no tributarios.

El Ministerio de Hacienda señala que los ingresos totales pasarían de representar 27,3% del PIB en 2026 a 25,5% del PIB en 2027. Según la cartera, esta reducción responde principalmente a que para 2027 ya no se proyectan los recaudos derivados de las medidas tributarias adoptadas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica de 2026, así como a un menor recaudo por impuestos externos, en línea con la desaceleración prevista de las importaciones.

La composición del gasto

En materia de gasto, el presupuesto mantiene como principal componente el funcionamiento del Estado. Este rubro ascendería a $367,7 billones, mientras que el servicio de la deuda alcanzaría $118 billones, equivalentes al 5,5% del PIB.

Si se excluye el pago de la deuda, el gasto total sería de $454,3 billones, equivalente al 21,3% del PIB.

La inversión pública programada para 2027 sería de $90 billones, equivalente al 4,2% del PIB, una participación inferior a la registrada en 2026, cuando representó el 4,4% del producto. El Ministerio atribuye esa reducción a la rigidez del gasto de funcionamiento, la insuficiencia estructural de los ingresos corrientes y la necesidad de avanzar en la reducción del déficit primario, en línea con el regreso a la regla fiscal previsto para 2028.

Hacienda agrega que buena parte del gasto de funcionamiento está comprometida por obligaciones de carácter legal y constitucional. Entre ellas se encuentran el Sistema General de Participaciones, las pensiones —incluidas las asignaciones de retiro—, el aseguramiento en salud, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, las instituciones de educación superior públicas y los gastos de personal, rubros que explican el 86,7% del crecimiento de ese componente del presupuesto.

Ahora bien, esa composición del gasto llama la atención de los analistas. Para Diego Montañez-Herrera, el proyecto deja “menos espacio para la inversión y otras prioridades”. En un análisis publicado tras la radicación del presupuesto, señaló que “cada peso para pagar deuda deja menos recursos para el país” y destacó que, del presupuesto propuesto para 2027, 59,5% financiaría el funcionamiento del Estado, 21,6% correspondería al servicio de la deuda y solo 18,9% se destinaría a inversión.

El reto de financiar el presupuesto

Aunque el proyecto propone un gasto por $575,6 billones, los ingresos contemplados no alcanzan para cubrir la totalidad de ese monto.

El Gobierno incluyó $30,2 billones en ingresos contingentes, equivalentes al 1,4% del PIB, cuya materialización dependerá de que el Congreso apruebe un proyecto de ley de recursos adicionales. Además, el Ejecutivo espera cubrir parte de esa diferencia con la reforma tributaria progresiva que radicó hace unas semanas, con la que proyecta recaudar $21,9 billones durante 2027, además de otros ingresos sujetos a una iniciativa legislativa independiente.

Sobre este punto también se pronunciaron distintas voces. El concejal de Cali y presidente de esa corporación, Christian Garcés, afirmó que “el Gobierno vuelve a presentar un Presupuesto General de la Nación sin los recursos suficientes, apostándole a una reforma tributaria que sabe que difícilmente pasará en el Congreso”. Además, sostuvo que el presupuesto está “cada vez más amarrado, donde la mayor parte de los recursos ya están comprometidos en funcionamiento y pago de la deuda”.

Los ministerios con mayores recursos

Si el Congreso aprueba el proyecto en los términos presentados por el Gobierno, el Ministerio de Educación concentraría la mayor asignación presupuestal, con $79 billones.

Le seguirían el Ministerio de Salud, con $77,1 billones, y el Ministerio del Trabajo, con $52,3 billones. Después aparecen las carteras de Defensa y Hacienda, mientras que las menores asignaciones corresponderían a los ministerios de Igualdad, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y Justicia.

Lo que viene para el proyecto

Tras su radicación, el proyecto iniciará su trámite en las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara, que primero deberán escuchar el concepto del Banco de la República.

Antes del 15 de agosto, los congresistas decidirán si la iniciativa cumple los requisitos legales o si debe ser devuelta al Ministerio de Hacienda para ajustes. Posteriormente, las comisiones definirán el monto definitivo antes del 15 de septiembre y deberán aprobarlo a más tardar el 25 de septiembre, para que el debate continúe en las plenarias a partir del 1 de octubre.

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