El Alacrán, en el sur de Córdoba, obtuvo licencia ambiental y se prepara para iniciar su construcción. Su CEO, Sarah Armstrong-Montoya, asegura que el proyecto puede abrir el camino para una nueva industria minera en el país.
“Siempre estuvimos convencidos de que había una forma de sacar adelante el proyecto. No fue un camino fácil, pero nunca consideramos detenernos”. Después de once años de estudios, cambios de accionistas, evaluaciones ambientales y negociaciones con comunidades, Sarah Armstrong-Montoya está a punto de ver comenzar la construcción de El Alacrán, un proyecto que demandará inversiones cercanas a US$900 millones y que podría convertir a Colombia en productor de cobre a gran escala.
La mina, ubicada en Puerto Libertador (Córdoba) y hoy controlada por inversionistas chinos, aspira a convertirse en la primera gran operación moderna de cobre del país. Más allá de su dimensión, representa una apuesta por insertar a Colombia en una industria estratégica para la transición energética, dominada en América Latina por Chile y Perú.
Mientras Chile exportó cerca de US$47.600 millones en cobre y Perú otros US$20.600 millones en 2024, Colombia apenas vendió alrededor de US$86 millones de este mineral. La diferencia es enorme, pero también refleja el potencial de crecimiento de una industria que apenas comienza a desarrollarse.
Al frente de esa apuesta ha estado Armstrong-Montoya, una abogada australiana que llegó al proyecto en 2015 y que hoy dirige CMH Colombia, la compañía encargada de desarrollar El Alacrán. Durante más de una década ha acompañado todas las etapas de la iniciativa: la exploración geológica, los estudios ambientales, el relacionamiento con las comunidades, los cambios de accionistas y el proceso que culminó con la obtención de la licencia ambiental.
La ejecutiva conoce bien la industria. Antes de llegar a Colombia trabajó para Xstrata Copper y en firmas internacionales en Asia-Pacífico. En 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir Cordoba Minerals, la empresa canadiense que impulsó inicialmente el proyecto. Tras la venta de los activos colombianos a inversionistas chinos en marzo de 2026, permaneció al frente de El Alacrán para liderar su siguiente etapa: la construcción.
El proyecto obtuvo la licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en mayo de 2026, un hito que le permite avanzar hacia la fase de construcción y que lo convierte en el primer proyecto de cobre de gran escala en alcanzar esta etapa en Colombia. La meta es iniciar las obras principales antes de finalizar el año.
Hasta ahora se han invertido cerca de US$200 millones en exploración, estudios técnicos y licenciamiento. La construcción requerirá otros US$700 millones, sin contar inversiones complementarias en infraestructura, accesos y logística.
El Alacrán no es una mina gigantesca si se compara con los grandes complejos cupríferos de Chile, Perú o la República Democrática del Congo. Pero sí es significativo para Colombia.
La operación tendrá una capacidad de procesamiento de entre 17.000 y 20.000 toneladas diarias de mineral. El depósito contiene aproximadamente 70% cobre, 27% oro y 3% plata, una combinación que mejora la viabilidad económica del proyecto y diversifica sus fuentes de ingreso.
La dimensión de la apuesta quedó en evidencia en marzo de este año, cuando Veritas Resources AG, respaldada por el grupo chino JCHX Mining Management, adquirió el 100% del proyecto y los demás activos de exploración de Cordoba Minerals en Colombia por US$128 millones. La transacción se cerró incluso antes de que se otorgara la licencia ambiental, una señal de confianza en el potencial del activo y en las perspectivas de largo plazo del cobre.
Detrás de esa confianza hay una tendencia global mucho más amplia.
El cobre se ha convertido en uno de los minerales más demandados de la economía moderna. Se encuentra en redes eléctricas, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, centros de datos y sistemas de almacenamiento energético. La electrificación de la economía está multiplicando su consumo a escala mundial.
Investigaciones Económicas de Bancolombia resume el fenómeno de manera sencilla: la electrificación, la digitalización y la transición energética están disparando la demanda de cobre y otros minerales estratégicos en todo el mundo.
Algunos analistas creen incluso que el mercado está entrando en una nueva etapa histórica. Gestores de cartera de Janus Henderson han planteado la aparición de un “Superciclo 2.0” de materias primas, impulsado por la transición energética, la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, el crecimiento de la clase media en economías emergentes y el auge de tecnologías como la inteligencia artificial.
A diferencia del ciclo de comienzos de siglo, impulsado principalmente por China, esta nueva fase tendría múltiples motores simultáneos y podría extenderse durante décadas. Para los productores de cobre, el atractivo adicional es que la oferta no está creciendo al mismo ritmo que la demanda.
Es allí donde Colombia empieza a aparecer en las conversaciones.
Para Armstrong-Montoya, el potencial minero del país sigue siendo una de las historias menos contadas de América Latina.
“Menos del 10% del territorio ha sido explorado”, asegura. “Si uno mira los grandes descubrimientos realizados en otros países andinos, Colombia tiene todo el potencial para albergar nuevos hallazgos importantes”.
La afirmación refleja una realidad conocida por los geólogos. Colombia comparte buena parte de la misma geología andina que ha permitido el desarrollo de grandes distritos mineros en Chile y Perú. Sin embargo, décadas de conflicto armado, limitaciones de infraestructura y un menor desarrollo de la exploración han dejado amplias zonas del territorio prácticamente inexploradas.
La promesa, sin embargo, convive con desafíos considerables. La industria minera sigue enfrentando debates sobre licenciamiento ambiental, relacionamiento comunitario, estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Son precisamente los factores que los inversionistas suelen mencionar cuando comparan a Colombia con otras jurisdicciones mineras de la región.
En El Alacrán, buena parte del trabajo de los últimos años se concentró en construir relaciones con las comunidades vecinas. La empresa estima que la construcción generará cerca de 1.500 empleos directos y que el impacto económico se extenderá a actividades como transporte, comercio, servicios y agricultura. También ha impulsado programas de capacitación con el SENA y proyectos de reconversión productiva en la zona.
Para Armstrong-Montoya, el futuro del proyecto depende tanto de la ingeniería como de la licencia social.
“Sin las comunidades no hay proyecto”, afirma.
La frase resume quizá la principal lección de una iniciativa que tardó más de una década en llegar a la línea de partida.
Si la construcción avanza según lo previsto, El Alacrán podría convertirse en la primera gran mina moderna de cobre del país. Pero su importancia va mucho más allá de una operación específica en Córdoba.
Lo que está en juego es la posibilidad de que Colombia participe en una de las industrias que más crecerán durante las próximas décadas y aproveche una oportunidad que países vecinos llevan años capitalizando.
Después de todo, el verdadero potencial de El Alacrán podría no estar únicamente en las toneladas de cobre que produzca, sino en demostrar que Colombia también puede convertirse en un actor relevante en la nueva geografía global de los minerales críticos.
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