Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual, estima que se necesitarían inicialmente recursos cercanos a 1% del PIB. La magnitud de la emergencia abre el debate sobre nuevas fuentes de financiación y una eventual declaratoria de emergencia económica.
La reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia podría demandar inicialmente más de $20 billones, una cifra equivalente a un punto del Producto Interno Bruto (PIB), según un primer cálculo de Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual.
“Sin lugar a dudas no hay plata”, dijo Jalil al explicar el estrecho margen fiscal que tiene el país para enfrentar una emergencia de esta magnitud. A su juicio, el esfuerzo inicial debería rondar 1% del PIB y obligará al Gobierno a reorganizar sus prioridades de gasto.
La estimación se conoce mientras aumenta la dimensión de la tragedia. El terremoto deja un balance de al menos 181 muertos y más de 1.000 heridos en el país, además de graves daños en viviendas, hospitales, edificios públicos e infraestructura en buena parte del centro y occidente de Colombia.
Cali es una de las ciudades más golpeadas. Este martes amaneció entre techos desplomados, paredes partidas y viviendas inhabitables, mientras los organismos de socorro continuaban buscando personas entre los escombros. Miles de habitantes pasaron la noche en albergues temporales o permanecieron en las calles por temor a regresar a sus casas. La devastación también se extiende a municipios del Valle del Cauca y a zonas de Risaralda, Chocó, Caldas y Quindío.
Una nueva presión sobre las finanzas públicas
El costo de la reconstrucción llega en un momento especialmente complejo para las cuentas del Gobierno. El Ministerio de Hacienda había planteado antes del terremoto la necesidad de hacer un recorte presupuestal del orden de $20 ó $30 billones, dentro de un ajuste para enfrentar el faltante de recursos del presupuesto.
Jalil considera que ese recorte sigue siendo necesario, pero advierte que la emergencia cambia las prioridades inmediatas.
“Los planes no es que no se vayan a hacer, sino que es el típico ‘se le tiene, pero se le demora’”, señaló. Para el economista, el Gobierno deberá conseguir recursos adicionales para atender la reconstrucción y una eventual declaratoria de emergencia económica podría convertirse en uno de los mecanismos para hacerlo.
“Estamos en una emergencia y ahí sí nos toca a todos poner”, agregó.
La posibilidad también ha comenzado a ser planteada por otras voces. Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y exviceministro de Justicia, sostuvo que el Gobierno “deberá decretar una emergencia económica y social para occidente y suroccidente de Colombia. No hay otro camino”.
Una declaratoria de ese tipo permitiría al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias para enfrentar la crisis, aunque las decisiones concretas sobre nuevas fuentes de financiación dependerían de los decretos que expida el Gobierno y estarían sujetas a los controles constitucionales correspondientes.
El antecedente de 1999
Colombia ya enfrentó una reconstrucción de gran escala después del terremoto del Eje Cafetero del 25 de enero de 1999, que tuvo una magnitud de 6,2. La tragedia dejó más de 1.100 muertos, miles de heridos y una enorme destrucción de viviendas, infraestructura y establecimientos productivos en Armenia y otros municipios de la región.
Ese episodio también ofrece un antecedente en materia fiscal, aunque con una precisión importante: el impuesto que hoy se conoce como 4 x 1.000 no nació para financiar la reconstrucción del Eje Cafetero.
El gravamen había sido creado en noviembre de 1998 por el Gobierno de Andrés Pastrana, inicialmente con una tarifa del 2 x 1.000 y como una medida temporal para enfrentar la crisis del sistema financiero. El terremoto ocurrió dos meses después, el 25 de enero de 1999, y obligó al Gobierno a crear mecanismos extraordinarios para financiar la reconstrucción de la región.
El impuesto continuó vigente y, tras varias modificaciones, terminó convertido en el actual 4 x 1.000. Hoy recauda alrededor de $16 billones anuales, una referencia que permite dimensionar el tamaño del esfuerzo planteado por Jalil: los más de $20 billones que calcula como necesidad inicial para afrontar la reconstrucción superarían el recaudo de todo un año de ese impuesto.
Reconstrucción también moverá la economía
El terremoto también tendrá consecuencias sobre el crecimiento. La destrucción de viviendas, empresas e infraestructura representa una pérdida de patrimonio y bienestar, pero el posterior proceso de reconstrucción genera actividad económica a través de la inversión en vivienda, hospitales, carreteras y otras obras.
Jalil considera que ese efecto podría comenzar a sentirse especialmente en 2027, dependiendo de la rapidez con la que el Gobierno consiga los recursos y logre ejecutarlos.
“Cualquier plata que se consiga y que empiece a bombearse para poder reconstruir, para poder levantar hospitales, para poder levantar edificios, todo eso es PIB”, explicó.
Según el economista, una ejecución rápida de los programas de reconstrucción podría incluso mejorar las perspectivas de crecimiento del próximo año.
Pero antes de llegar a esa etapa, el Gobierno enfrenta una decisión inmediata: encontrar recursos para atender una emergencia cuyo costo todavía no puede determinarse completamente y que llega cuando las finanzas públicas ya exigían un fuerte ajuste.
Los $20 billones calculados por Jalil no constituyen todavía una valoración de los daños ocasionados por el terremoto. Son un primer estimativo del esfuerzo fiscal que, a su juicio, podría necesitar el país para comenzar la reconstrucción.
También le puede interesar: El terremoto que sacudió a Colombia recuerda la tragedia de Armenia de hace 27 años