Cada vez que una multinacional decide dónde establecer o ampliar una operación, su comité de inversiones compara países, retornos, riesgos y posibilidades de crecimiento antes de asignar el capital. Esa es la competencia que enfrenta Colombia por la inversión extranjera directa (IED) y obliga a entender por qué algunas empresas invierten aquí, por qué otras que consideraron al país terminan escogiendo otro destino y qué tendría que cambiar para que más capital llegue y permanezca.
El país viene encarando esa competencia invirtiendo menos de lo necesario para aumentar su capacidad de crecer. La tasa de inversión, que antes de la pandemia rondaba el 21% del PIB, se encuentra cerca del 16,5%, mientras la OCDE estima que nuestro crecimiento potencial pasó de más del 4% antes de 2010 a cerca del 2,5%.
Esta menor inversión coincide con un estancamiento de la productividad que se entiende mejor al observar que el gasto en investigación y desarrollo apenas ronda el 0,3% del PIB, más del 80% de las empresas no invierte en I+D y persisten brechas en habilidades técnicas, digitales y bilingües que dificultan incorporar tecnología y producir más. La informalidad laboral alcanza 54,6% y llega a 83,2% en centros poblados y áreas rurales dispersas, de manera que llevar el crecimiento hacia el 6% que quiere el gobierno exigirá necesariamente aumentar la inversión y elevar la productividad.
Ese deterioro se refleja en la IED, que según el Banco de la República pasó de US$17.182 millones en 2022 a US$13.684 millones en 2024 y US$11.469 millones en 2025, una caída de 33,2% en tres años y de 16,2% durante el último, equivalente a US$2.215 millones. En el primer semestre de 2026 la IED alcanzó US$8.138 millones, 31,1% más que en el mismo periodo del año anterior y equivalente al 3,1% del PIB semestral. El aumento es una buena señal, pero todavía no permite hablar de una recuperación sostenida porque las condiciones que determinan las decisiones de inversión no han cambiado sustancialmente.
Colombia necesita atraer más inversión extranjera y conseguir que una mayor proporción se traduzca en nueva capacidad productiva, exportaciones, tecnología, proveedores locales, empleo formal y productividad. Lo ocurrido en 2025 muestra la distancia frente a ese propósito. De los US$11.469 millones recibidos, US$5.408 millones correspondieron a participaciones de capital, US$5.112 millones a reinversión de utilidades y US$949 millones a instrumentos de deuda entre empresas relacionadas.
La reinversión es una señal favorable porque refleja la decisión de empresas ya instaladas de mantener sus utilidades en el país, pero casi la mitad de la IED provino de esos recursos y no de nuevo capital que decidiera entrar. Las 288 fusiones y adquisiciones registradas por TTR Data durante el mismo año, por más de US$10.000 millones, muestran otra dimensión del movimiento de capital, aunque incluyen compradores nacionales y extranjeros y no equivalen al flujo de IED. Estas operaciones pueden fortalecer empresas y propiciar inversiones posteriores, pero su efecto inmediato es distinto al de instalar o ampliar una planta, desarrollar infraestructura o crear un centro tecnológico.
La caída de la IED contrasta con lo ocurrido en América Latina y el Caribe, donde, según la UNCTAD, los flujos aumentaron 14% en 2025 hasta alcanzar US$188.000 millones. Brasil pasó de US$63.000 millones a US$77.000 millones y México recibió cerca de US$41.000 millones, mientras Chile alcanzó US$13.100 millones. El retroceso colombiano ocurrió, por tanto, en un año en el que la región recibió más inversión y varios de nuestros principales competidores aumentaron sus flujos.
Recuperar terreno requiere atraer recursos que creen nueva capacidad productiva en manufactura de exportación, plataformas logísticas, centros de datos e infraestructura digital, ciencias de la vida, investigación y desarrollo, agroindustria de escala y proveedores vinculados a las cadenas norteamericanas, sin perder de vista el potencial de las empresas que ya operan en el país. México muestra la importancia de esa reinversión, con cerca de dos terceras partes de la IED que recibió en 2025 provenientes de empresas ya instaladas. Una proporción tan alta no sustituye la necesidad de atraer proyectos nuevos, pero sí demuestra que conseguir que una multinacional amplíe o duplique su operación puede ser tan importante como lograr que otra decida instalarse.
Lograrlo exige competir con países que ofrecen menores impuestos, mejor logística, mayor productividad o reglas más estables, factores que terminan afectando la rentabilidad y el riesgo de cada proyecto. La desventaja tributaria es considerable, con una tarifa general de renta corporativa de 35%, que asciende a 40% en el sector financiero y a 38% en generación hidroeléctrica por efecto de las sobretasas vigentes, frente a un promedio de 21,2% entre las 146 jurisdicciones recogidas por Corporate Tax Statistics 2026 de la OCDE, una diferencia que hace aún más necesario mejorar la productividad, la infraestructura, el acceso a mercados, el talento, la seguridad y las demás variables que pesan en la decisión del inversionista.
La comparación con otros destinos del capital productivo global depende también del costo y la facilidad para desarrollar una operación. En Colombia, una empresa puede enfrentar costos logísticos elevados para movilizar su producción y largos periodos para poner en marcha una inversión por demoras en permisos, trámites, conexiones de infraestructura y decisiones de distintas entidades, entre las que pueden estar el licenciamiento ambiental y la consulta previa. Estos costos y retrasos afectan la rentabilidad y aumentan la incertidumbre sobre la ejecución de los proyectos, factores que pueden terminar inclinando la decisión hacia otro país.
La energía forma parte de esa misma evaluación, especialmente para industrias y centros de datos que requieren suministro suficiente, confiable y a precios competitivos durante muchos años. Contamos con una matriz eléctrica comparativamente limpia, recursos hídricos, potencial solar y eólico, gas y una institucionalidad construida durante décadas, pero esas ventajas pierden atractivo si la energía no está disponible cuando se necesita, sus precios restan competitividad, las redes se retrasan o las reglas cambian. Algo similar ocurre con la seguridad y la estabilidad jurídica, porque las extorsiones, los bloqueos, los ataques a la infraestructura y las dificultades para operar en algunos territorios terminan convertidos en mayores costos, retrasos y menores retornos, mientras unas reglas imprevisibles elevan el riesgo de proyectos que requieren muchos años para recuperar el capital.
El riesgo asociado a la estabilidad jurídica adquiere una dimensión concreta al observar que, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al 30 de junio de 2026 Colombia enfrentaba 19 arbitrajes internacionales de inversión y 16 controversias en etapa prearbitral, frente a 13 y 8 respectivamente en 2022. Mientras aumentaban estas controversias, el anuncio del 26 de marzo sobre un eventual retiro del Convenio CIADI agregó incertidumbre, aunque nunca se formalizó y tampoco habría evitado futuras disputas, porque los acuerdos internacionales de inversión contemplan otros mecanismos para resolverlas y mantienen obligaciones durante años. Aclarar la permanencia de Colombia en el CIADI cerraría ese episodio y enviaría una señal de seguridad jurídica a los inversionistas sin costo fiscal.
La situación fiscal agrega otro factor de riesgo para la inversión, con un déficit del Gobierno Nacional Central que el Plan Financiero actualizado estima en 9,4% del PIB para 2027, frente al 4,5% contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El proyecto revisado de presupuesto asciende a $634,9 billones, de los cuales $155,4 billones se destinarán al servicio de la deuda, mientras el presidente señaló recientemente que cerca del 44% dependerá de endeudamiento. Una necesidad de financiamiento de esa magnitud puede presionar las tasas de interés y la prima de riesgo, absorber recursos que requieren las empresas y alimentar la incertidumbre sobre futuras cargas tributarias, razones por las que recuperar la credibilidad fiscal será determinante para reducir el costo y el riesgo de invertir en Colombia.
Revertir este deterioro es uno de los retos que recibe el Gobierno de Abelardo de la Espriella, aunque el país conserva atributos importantes para disputar capital. Entre ellos están el tamaño de una de las mayores economías latinoamericanas, un mercado de más de 50 millones de consumidores, la cercanía con Estados Unidos, el acceso a dos océanos, los recursos agrícolas y minerales, la biodiversidad, una matriz eléctrica relativamente limpia, un sistema financiero desarrollado y la experiencia en asociaciones público-privadas. A esas fortalezas se une una amplia necesidad de recursos que abre oportunidades en infraestructura de transporte, transmisión y generación eléctrica, gas, vivienda, agua, conectividad, agroindustria, minerales críticos, manufactura exportadora, ciencias de la vida y centros de datos. El desafío es convertir esas condiciones en proyectos suficientemente atractivos para que, al compararlos con los de otros países, el capital termine escogiendo a Colombia.
Milagro Week puede ir más allá de las actividades de promoción que habitualmente realiza ProColombia si aprovecha la capacidad de coordinación que el Decreto 1373 le asigna a la Vicepresidencia para convertir oportunidades de inversión en proyectos concretos. Esa labor debería partir de identificar con precisión a las empresas que ya están en Colombia y pueden ampliar sus operaciones, las que evaluaron el país y escogieron otro destino, las que nunca nos han considerado y aquellas que aún están decidiendo dónde realizar sus próximas inversiones.
De ese inventario, la información más valiosa sería la de quienes evaluaron al país y prefirieron otro destino, porque permitiría construir un mapa de la inversión perdida que identifique las grandes decisiones de localización tomadas en América Latina durante los últimos años, cuáles terminaron en México, Brasil, Chile, Costa Rica u otros mercados, cuáles consideraron a Colombia y por qué la descartaron. Así sabríamos cuánto pesan la tributación, la logística, los permisos, el talento, la energía o la disponibilidad de proveedores en las decisiones que estamos perdiendo. Conocemos bastante bien las inversiones que llegaron, pero sorprendentemente poco sobre las que decidieron no venir.
Identificados los inversionistas que se quieren atraer, los 40 o 50 proyectos que el Gobierno pretende priorizar deberían seleccionarse por su contribución a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y a la productividad y competitividad, junto con su capacidad de movilizar capital privado, generar divisas y empleo formal, incorporar tecnología, desarrollar proveedores y comenzar a ejecutarse durante este periodo. Su madurez será igualmente determinante y cada uno debería llegar con costos, fuentes de ingresos, financiación, riesgos, permisos pendientes, vehículo jurídico y cronograma definidos, junto con la decisión que se espera del inversionista y, si existe un obstáculo que dependa del Estado, el responsable y el plazo para resolverlo.
La mayor oportunidad de Milagro Week puede trascender si deja al Estado un verdadero banco de proyectos, prioridades definidas y una capacidad permanente para coordinar entidades y acompañar las iniciativas hasta el cierre financiero. Ese esfuerzo deberá ir acompañado por mejoras fiscales, tributarias, institucionales, de infraestructura y seguridad que permitan competir en mejores condiciones, buena parte de las cuales dependerá del Plan Nacional de Desarrollo y de una reforma del Estado capaz de elevar la productividad, reducir duplicidades y acortar la distancia entre una decisión empresarial y su ejecución.
Los resultados deberán medirse por inversiones realizadas y no por reuniones, memorandos o anuncios, siguiendo cada proyecto desde el interés inicial hasta el cierre financiero, el desembolso, la construcción y la operación. Salir al mundo a buscar capital es necesario y la prioridad del nuevo Gobierno va en la dirección correcta, pero una inversión no llega porque el país la necesite, un funcionario la promueva o una presentación resulte convincente, sino porque encuentra rentabilidad, reglas confiables, riesgos administrables y capacidad para ejecutar.
Recuperar la inversión extranjera exige volver a disputar el capital que hemos venido perdiendo y potenciarla supone conseguir que quienes ya están inviertan más y que los nuevos recursos generen capacidad productiva, exportaciones, tecnología y productividad. Pasar de promover inversiones a conseguir que se concreten, crezcan y produzcan más sería el milagro que Colombia necesita.
Por: Iván Darío Arroyave, Economista industrial
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