El proceso judicial contra Ricardo Roa, audios sobre una supuesta injerencia de terceros en la petrolera y denuncias sobre contratos y patrocinios forman parte de los episodios bajo revisión. La anterior presidenta de la Junta cuestiona las acusaciones y defiende su gestión.
Ecopetrol puso la lupa sobre su pasado reciente. Una auditoría forense que revisa actuaciones de la administración anterior ya tiene identificados preliminarmente más de 32 casos relacionados con posibles irregularidades, algunos de los cuales coinciden con investigaciones judiciales y revelaciones que distintos medios han venido haciendo sobre contratos, nombramientos y decisiones dentro de la petrolera y sus filiales.
La revisión está encabezada por Ricardo Rodríguez Yee, exvicecontralor general y miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Según Luis Felipe Henao, quien presidió la Junta durante la transición y permanece como director, el equipo aseguró la información digital y los chats institucionales y trabaja en los informes correspondientes a cada uno de los casos. Entre los asuntos bajo revisión aparecen presuntos pagos por nombramientos, negocios de gas y paneles solares, contratos de mantenimiento de plantas y los proyectos Termomorichal 1 y 2.
Henao ha elevado el tono frente a lo que podría encontrar la auditoría. “El primer reto de Ecopetrol es la transparencia. La auditoría forense no es un ajuste cosmético: es la forma de recuperar confianza, proteger el patrimonio de 50 millones de colombianos y asegurar que cada contrato resista el escrutinio”, señaló en su cuenta de X.
También ha dicho que, si las irregularidades bajo revisión llegan a comprobarse, podrían representar un detrimento de billones de pesos. Los informes definitivos, sin embargo, todavía están en elaboración, por lo que los 32 casos identificados no equivalen a hechos de corrupción comprobados ni a responsabilidades establecidas.
Andrés Jiménez, socio de Riveros Bazzani Abogados y exdelegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, dijo a Semana que los integrantes de una junta tienen deberes fiduciarios y deben actuar bajo el estándar del “buen hombre de negocios”.
Otro de los juristas consultados por la revista advirtió: “Si yo fuera miembro de la anterior junta, estaría muy preocupado, porque podrían abrirse varias acciones. Por ese órgano pasaron decisiones frente a las cuales pudo haber negligencia en la evaluación de riesgos y controles o falta de medidas oportunas”.
Roa, el frente que ya llegó a los tribunales
Uno de los casos con mayor avance judicial involucra al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa.
La Fiscalía radicó escrito de acusación en su contra por el delito de tráfico de influencias dentro de una investigación relacionada con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá y actuaciones posteriores que, según el ente acusador, habrían favorecido intereses particulares. Roa no aceptó los cargos.
Las relaciones entre la operación inmobiliaria y negocios alrededor de Ecopetrol habían sido objeto previamente de investigaciones periodísticas, entre ellas las realizadas por La Silla Vacía.
Roa enfrenta además otro proceso penal relacionado con la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la cual fue gerente. Este expediente corresponde a su actuación en la campaña y no a su gestión en Ecopetrol, pero hace parte de los frentes judiciales que enfrenta el exdirectivo.
Grau, Hurtado y los audios sobre Ecopetrol
Otro capítulo surgió con una grabación de aproximadamente 43 minutos revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, en la que aparecerían Juan Carlos Hurtado -quien llegó a ejercer como presidente encargado de Ecopetrol en ausencia de Roa-, el empresario catalán Manel Grau y un contratista identificado como “Víctor”.
En la conversación se habla de cargos y oportunidades de negocios dentro del Grupo Ecopetrol. La Silla Vacía, al recoger la investigación, informó que en el audio se escuchan referencias a gestiones para ubicar personas en posiciones de la compañía y menciones a posibles negocios. Hurtado no confirmó ni negó haber participado en el encuentro y sostuvo que siempre había actuado conforme a la ley.
Hurtado dejó posteriormente Ecopetrol. La compañía señaló que su salida correspondía a un plan de retiro por mutuo acuerdo que había sido aprobado desde julio.
Las revelaciones alrededor de Grau han continuado. La Unidad Investigativa de El Tiempo informó sobre una denuncia por estafa presentada ante la Fiscalía contra el empresario catalán. El penalista Carlos Soler, quien radicó la denuncia y entregó videos y audios, aseguró al diario que sus clientes le prestaron cerca de $5.000 millones a Grau, directamente y a través de terceros, con la promesa de recibir créditos.
Según la denuncia, a Grau también le habrían entregado una camioneta Toyota valorada en unos $500 millones y con el traspaso abierto. La versión que los denunciantes le atribuyen al empresario es que el vehículo era requerido por Ricardo Roa, entonces presidente de Ecopetrol, y que sería blindado.
Soler aseguró además a El Tiempo que Grau les habría dicho a sus clientes que podría pagarles con negocios que surgieran en Ecopetrol, por la influencia que decía tener en la petrolera y en dos de sus filiales: Cenit e ISA.
La denuncia sobre $7.200 millones para un libro
Las denuncias también llegaron al manejo de los recursos de comunicaciones de la petrolera.
Marcela Ulloa, exjefe de Comunicaciones Externas y Prensa de Ecopetrol, aseguró a La FM que en abril de 2025 se negó a tramitar un patrocinio cercano a $7.200 millones para financiar el libro Colombia, más allá de la memoria y exposiciones en Miami y Europa.
Según Ulloa, la iniciativa habría sido impulsada por Eva Ferrer, asesora española cercana a la entonces primera dama Verónica Alcocer. La exfuncionaria sostuvo que la suma solicitada equivalía prácticamente a todo el presupuesto anual de pauta de Ecopetrol y que se negó a llevar la propuesta al comité de patrocinios porque consideraba que no guardaba relación con el negocio ni con las prioridades de la petrolera.
Ulloa dijo haber dejado constancia de sus reparos mediante un correo electrónico y posteriormente entregó información y soportes a la Dirección de Cumplimiento de Ecopetrol. También aseguró que después de negarse a impulsar el proyecto sufrió presiones internas y que su posterior salida de la compañía fue una represalia. Estas afirmaciones no han sido objeto hasta ahora de una decisión de los organismos de control que establezca responsabilidades.
La anterior Junta responde
Las acusaciones y la auditoría han generado una reacción de quienes hicieron parte de la dirección de Ecopetrol durante el gobierno anterior.
Ángela María Robledo, quien presidió la Junta Directiva durante la administración de Gustavo Petro, rechazó la interpretación según la cual la gestión anterior estuvo marcada por irregularidades generalizadas.
“Quieren hacer con @ECOPETROL_SA lo que hicieron con el llamado Libro de la ‘verdad’ y aplicar la receta de la ultraderecha que todo estuvo mal”, escribió Robledo en su cuenta de X.
La exdirectiva también cuestionó los intereses detrás de las acusaciones y planteó públicamente si el objetivo podría ser debilitar a Ecopetrol para abrir posteriormente el camino a una privatización.
La auditoría será determinante para establecer cuánto sustento tienen las denuncias que han rodeado a la petrolera. Los episodios conocidos hasta ahora se encuentran en etapas muy distintas: algunos ya llegaron a los tribunales, otros son objeto de investigaciones o revisiones internas y varios permanecen en el terreno de denuncias y revelaciones periodísticas pendientes de una determinación de las autoridades.
Lo que ya está claro es que contratos, nombramientos y decisiones adoptadas durante la administración anterior estarán sometidos a un escrutinio que apenas comienza y cuyos resultados podrían marcar la nueva etapa de la principal empresa del país.
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